En el Tribunal Constitucional (TC) casi nunca se han cumplido los plazos para renovar los mandatos de sus magistrados. Sin embargo, hasta ahora, el presidente de turno del TC recurría a discursos institucionales para denunciar la falta de lealtad de los políticos con la Carta Magna. Pero ayer se subió un peldaño más. El pleno del alto tribunal amenazó con medidas "drásticas" para forzar al PP y al PSOE a consensuar los nombres de los cuatro jueces que deben sustituir al fallecido Roberto García-Calvo y a otros tres en situación de prórroga desde hace año y medio.

La deliberación que inició ayer el TC estaba ya bajo los focos porque la legalización de Sortu, marca de la izquierda aberzale, está sobre la mesa. Pero los jueces decidieron aplazar, al menos un día, esta importante discusión para explicar a la opinión pública su profundo malestar por la situación de interinidad que sufre el órgano. Todos los jueces estuvieron de acuerdo en aprobar una nota en la que advierten a PP y PSOE de que, si no les renuevan antes de irse de vacaciones, "adoptarán las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación".

Lo más probable es que los magistrados fuercen ellos mismos el cierre del tribunal por falta de personal, porque, si en los plenos no entran ocho magistrados, no se podrán tomar decisiones. A esta fórmula recurrió el actual presidente del Constitucional, Pascual Sala, cuando estuvo al frente del Consejo General del Poder Judicial (1990-1996). Los políticos tampoco se ponían de acuerdo entonces, así que aceptó la dimisión de seis vocales y este órgano se renovó al quedarse sin quórum. Las togas han lanzado su envite.