El Gobierno no parece demasiado cómodo con el escándalo que está mancillando a Carlos Dívar, pero respalda al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la polémica surgida después de que la Fiscalía archivara la denuncia por presunto delito de malversación presentada contra él por el vocal de ese órgano José Manuel Gómez Benítez por los gastos sin justificar de 20 viajes a hoteles de lujo de Marbella.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, vino a decir ayer que no hay gastos sin justificar en las instituciones públicas, porque todos "son revisados por la Intervención General del Estado y las intervenciones delegadas".
Con este argumento rechazó una modificación legal que impida que en las administraciones se produzcan dispendios sin explicación.
