Quien juega con fuego se acaba quemando. Un aforismo que parece a punto de hacerse realidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde la situación está que arde. La denuncia presentada ayer en el Tribunal Supremo (TS) por el profesional de la querella José Luis Mazón contra el presidente de ambos organismos, Carlos Dívar, y en la que también incluyó al vocal conservador Miguel Collado, ha hecho que la situación sea "irrespirable", según fuentes judiciales.
La denuncia motivó una reacción inmediata de vocales progresistas y conservadores, que firmaron una declaración de apoyo a Collado en la que no mencionan a su presidente. Los consejeros no quieren que se les meta en el mismo saco que a Dívar, y por ello se aprestaron a proclamar su propia honradez. El vocal denunciado hizo público otro comunicado para "limpiar" su buen nombre y evitar que su silencio se pueda interpretar como "la aceptación de unas infundadas acusaciones".
Otros cinco vocales guardaron silencio, entre ellos las consejeras progresistas Almudena Lastra y Gabriela Bravo. Ambas mantienen su apoyo a Dívar para evitar que Gómez Benítez gane esta batalla porque, de conseguirlo, tendrá todo el poder en esta institución. Si es que queda algo de ella tras esta crisis.
Dívar también ha optado por callar. Según algunas fuentes, ha decidido resistir y esperar a que amaine el temporal, pese a que no cuenta ya con más apoyo que el del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero su futuro se intuye cada vez más negro. Ayer presidió un funeral y apenas nadie lo saludó. Su aspecto se ha deteriorado y cada vez son más los que piensan que no aguantará y que preferirá dimitir antes que dar explicaciones sobre sus gastos en hoteles de lujo e identificar públicamente a las personas a las que invitó a almorzar.
Reunión fría
El martes de la semana pasada, convocó a los cinco presidentes de sala del Supremo y a los otros cinco jueces que integran la Sala de Gobierno para darles su versión sobre esos supuestos dispendios. En la reunión, se agarró como un clavo ardiendo al decreto firmado por el teniente fiscal del alto tribunal, Juan José Martín Casallo, que lo exonera del delito de malversación del que lo acusó el vocal José Manuel Gómez Benítez.
El encuentro con la Sala de Gobierno fue muy frío. Las escasas explicaciones del jefe fueron acogidas con un sepulcral silencio que solo uno de los asistentes rompió para afearle su conducta. Los jueces del TS nunca han respetado a su presidente por no tener la misma categoría profesional que ellos. En el currículo de Dívar solo figura su paso por un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional y por la presidencia de esta sede.
Los magistrados de la Sala de Gobierno también le reprocharon que los hubiera excluido de los desayunos a los que invitó, en una sala del tribunal rehabilitada para tal fin, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y a los titulares de Justicia, Interior y Defensa. Estas citas responden a la llegada a Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, con quien Dí-var tiene una fluida relación.
