El Grupo Internacional de Contacto (GIC) que dirige el abogado sudafricano Brian Currin concluyó ayer su programa de trabajo de dos días en Euskadi con un comunicado en el que apremiaron a los gobiernos de España y Francia "a contactar con ETA" para tratar cuestiones relacionadas con el desarme y los presos.

A pesar de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha descartado públicamente cualquier diálogo con la banda, el GIC reiteró la conveniencia de establecer contactos sobre cuestiones, en ningún caso políticas, porque entiende que hay "una importante oportunidad" para que las armas "queden fuera" de la convivencia. Los expertos internacionales evitaron polemizar con el ministro después de que este afirmase que el grupo de Currin "no era bienvenido" y que lo que tenía que hacer era preguntar a ETA por qué no abandona las armas.

Fernández Díaz, que ayer exigió de nuevo a la banda que "desmantele sus diezmadas infraestructuras", insistió ayer de nuevo en que, una vez ocurra esto, las fuerzas de seguridad del Estado "se bastarán" para "verificar" el desmantelamiento.

CONDICIÓN El GIC defendió también el acercamiento de los presos a las cárceles de Euskadi como "condición previa" para facilitar su reinserción. Esta tesis coincide con la que defiende la mayoría de los partidos vascos y que parte del supuesto de que "la proximidad" de los reclusos a sus hogares constituye una "piedra angular" en su "reintegración social efectiva".

Además, a pocas horas de que se conozca la posición oficial de los reclusos sobre el plan de reinserción presentado por Interior, el grupo de Currin señaló que ese programa debe ser objeto de "un debate abierto".