"Con la que está cayendo, ¿qué quieren, que denunciemos un tratado internacional?", se preguntó el presidente, Mariano Rajoy, sobre la polémica por el pago del IBI por parte de la Iglesia y los acuerdos con el Vaticano. No hace falta, responden los expertos en derecho tributario consultados por este diario. Las exenciones que prevé la legislación se corresponden a grandes rasgos con las que admite la izquierda en las mociones que presenta en los ayuntamientos, de modo que estos ya pueden cobrar el impuesto por parte de los edificios objeto de debate. "Lo que hay que hacer es aplicar la ley", dice Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España.

Sin necesidad de tocar la normativa, "es lógico y factible" que los ayuntamientos cobren el IBI por los edificios propiedad de la Iglesia que no se dediquen al culto, la acción pastoral o la asistencia social, afirma Josep Guiu, presidente de la sección de Derecho Fiscal y Financiero del Colegio de Abogados de Barcelona.

Para ello hay que tener en cuenta tres leyes que remiten una a la otra: la ley del mecenazgo (2002), la ley reguladora de las haciendas locales (de 1985 y reformada en el 2004) y el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos (1979). Este fija que no pagarán IBI los edificios destinados al culto y la actividad pastoral, las residencias de eclesiásticos, las oficinas, los seminarios y universidades eclesiásticas ni las casas y conventos de órdenes y congregaciones. Y establece que toda entidad religiosa dedicada a actividades "benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social" tenga derecho a los mismos beneficios fiscales que las entidades sin ánimo de lucro.

La ley de las haciendas locales se remite a este acuerdo y a los suscritos por el Estado con otras confesiones religiosas. Hasta aquí, bien. El lío está en la ley del mecenazgo, que es la que fija los beneficios para las entidades sin fines lucrativos.

"La ley es clara", sostiene, aunque en sentido contrario al de los expertos, Antoni Matabosch, delegado de Economía del Arzobispado de Barcelona. En su opinión, la ley del mecenazgo sí exime a la Iglesia de pagar el IBI, con algunas excepciones. "Pero la ley no dice eso", replica Guiu.