Agentes de la Policía Judicial y técnicos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) accedieron ayer a la sede de la Agencia Valenciana de Turismo en busca de unos archivos informáticos relativos a la contratación de la empresa Orange Market para la adjudicación del estand valenciano de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). La operación se enmarca en las investigaciones del caso Gürtel, dentro de la causa abierta en el tribunal por la presunta financiación irregular del PP valenciano.

La policía tiene interés en conocer el contenido de los archivos por estar vinculados, concretamente, con la contratación, por parte de la Generalitat Valenciana, de Orange Market para el montaje del pabellón del Gobierno autónomo en Fitur del 2005 al 2009. La causa que investiga el juez José Cáceres tiene que ver con los supuestos delitos de prevaricación y cohecho en esa contratación y, en definitiva, con la financiación fraudulenta de los populares valencianos.

El registro cumple con el requerimiento solicitado por una de las partes personadas en el caso, con el objetivo de que la dirección general de la Consejería de Turismo permitiera el acceso al ordenador de una funcionaria para comprobar "dos archivos de un correo electrónico".

La consellera valenciana de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson, confirmó que la policía se había personado en el organismo dependiente de su consejería para "contrastar información ya remitida" en relación a los pliegos de la contratación para Fitur en el año 2005. "Han solicitado la colaboración para contrastar y valorar alguna información que ya tenían, y se han trasladado a la agencia para comprobar in situ la documentación", explicó Johnson, que ofreció la "total colaboración" del departamento que dirige.

CASI CUATRO HORAS El registro, de casi cuatro horas, se produjo justo un día después de que la exconsejera de Turismo y actual diputada y secretaria primera de la Mesa de las Cortes Valencianas, Angélica Such, declarara como imputada y atribuyera a los técnicos la valoración de los proyectos contratados. También han declarado la antecesora de Such y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla.

Un registro en la Agencia Valenciana de Turismo, ordenado en el 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inició el llamado caso Gürtel, sobre la presunta financiación irregular del PP.