El Ejecutivo tiene todo el derecho a criticar a los tribunales en aquellos casos en los que haya sido parte en el proceso. Así lo ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno. Preguntada por las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que legalizó Sortu en contra del fallo anterior del Tribunal Supremo --"me hubiese gustado que siguiese siendo ilegal", dijo--, Soraya Saénz de Santamaría ha explicado que no han cambiado de criterio, pese a que hasta ahora su tesis era que las sentencias se acataban y respetaban, pero no se evaluaban. Al contrario, ha continuado la vicepresidenta, quienes han virado en su posición han sido los socialistas.
El jueves, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que el fallo "favorecerá el objetivo de los demócratas de que ETA desaparezca" y criticó a Gallardón por sus declaraciones. Sáenz de Santamaría ha contestado al jefe de la oposición tras el Consejo de Ministros. "En este proceso era parte el Gobierno, que a través de la fiscalía y la abogacía del Estado mantuvo una posición favorable a que se mantuviera la ilegalización de Sortu. Este Gobierno asumió la posición del anterior Gobierno. Ambos creían que se debía mantener la posición del Supremo. Por lo tanto, lo que hace este Gobierno es mantener su posición procesal. Sobre los cambios de posición de antiguos miembros del anterior gobierno, no me corresponde a mí opinar", ha señalado la número dos del Ejecutivo.
Renovación en marcha
En cualquier caso, la vicepresidenta ha optado por no criticar al Constitucional. "Acatamos su decisión", ha dicho. Y respecto a la extraña propuesta de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que el jueves calificó la sentencia del alto tribunal de "vergüenza" y abogó porque este se convirtiera en una sala más del Supremo, Sáenz de Santamaría se ha distanciado. No se ha referido a Aguirre cuando le han preguntado por ella, pero ha puesto como prueba de que el Ejecutivo cree en la permanencia del TC el hecho de que esté en conversaciones con el PSOE para renovar a cuatro miembros de esta institución. También ha dado por hecho que los nuevos nombramientos se habrán realizado antes del 29 de junio.
Y por último, como llevan manteniendo estos días fuentes gubernamentales, la vicepresidenta ha considerado que no resulta necesario celebrar este año el debate sobre el estado de la nación. Entre otras cosas, porque el presidente, Mariano Rajoy, comparecerá de forma monográfica el próximo 11 de julio en el Congreso para hablar del Consejo de Julio de finales de este mes. "Allí se hablará de economía, de Europa y de España", ha dicho.
