El Tribunal Constitucional que legalizó Sortu el pasado miércoles ha marcado las líneas rojas que este partido no puede traspasar y que son las que exige a cualquier otra formación, es decir, que cumpla con el ideario democrático y el pluralismo.

En la sentencia se explica a la fuerza de la izquierda aberzale que quedará fuera del sistema si sus representantes intentan lograr sus objetivos políticos sin utilizar "procedimientos democráticos" o desobedeciendo leyes aprobadas por el parlamento en vez de "promover su derogación" por cauces legales.

Asimismo, también serán expulsados si ensalzan a autores de acciones terroristas o toleran actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas". Tampoco se les consentirá que equiparen a los damnificados de ETA con los presos etarras o que cuestionen las operaciones policiales. Ni que usen la presión política o social para alcanzar sus fines.

LA NUEVA SITUACIÓN La primera y multitudinaria comparecencia en Bilbao de los miembros de Sortu tras su legalización sirvió para demostrar que se ha puesto ya en marcha, pero sin plazos concretos, el proceso de constitución del nuevo partido y que, de nuevo, la izquierda aberzale medirá los tiempos para rentabilizar al máximo la nueva situación. Además, el letrado Iñigo Iruin rechazó los avisos lanzados por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el sentido de que la "ilegalización preventiva" pueda convertirse "en una legalidad vigilada" para derivar después en una "ilegalización sobrevenida". Subrayó que esta posición "no se sostiene" desde un punto de vista jurídico aunque la enmarcó en el "discurso político" del Gobierno del Partido Popular para "amortiguar" las críticas del sector más duro.

Además, Iruin confirmó que Sortu formalizará ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la sentencia que mantiene a Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda aberzale en prisión.

Por su parte, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó un doble mensaje. Por un lado, señaló que el fallo "favorecerá el objetivo de los demócratas de que ETA desaparezca" y subrayó que el comportamiento de los magistrados había sido lógico, pues ya legalizaron a Bildu en el 2011, y entre ambas decisiones ha habido un acontecimiento muy relevante: el "cese definitivo" de la violencia de ETA.

Asimismo, el jefe de la oposición cargó contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por "discrepar" del fallo. "Creo que es la primera vez que un ministro de Justicia dice que acata pero no comparte una sentencia. A partir de ahora, existe la doctrina Gallardón: acatar pero criticar la decisión de los jueces --señaló Rubalcaba--. Si él lo hace con el Constitucional, todos podemos a partir de ahora criticar cualquier sentencia". Sin embargo, como le replicaron después fuentes del Gobierno, los socialistas también han criticado resoluciones judiciales como ocurrió cuando Baltasar Garzón fue inhabilitado por el Supremo.

Una vez más, la provocación vino de la mano de Esperanza Aguirre, quien abogó por plantearse que el Constitucional sea suprimido y pase a ser "una sala más del Supremo".