El PP y el PSOE han estado unidos en los últimos tiempos en la lucha antiterrorista y la forma de hacer frente al final de ETA, pero el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre Sortu, que legaliza a la formación aberzale en contra de la sentencia anterior del Supremo, ha abierto una importante brecha entre los dos partidos mayoritarios. Más allá de si se puede criticar o no las decisiones de los magistrados, la discusión de fondo es qué valor se ha de conceder al comunicado del pasado año de "cese definitivo" de la violencia de la banda ETA, y hasta qué punto este debe cambiar las decisiones políticas y judiciales que se toman sobre el entorno tradicional de la banda.

El Gobierno considera que el anuncio del pasado octubre no altera el prisma bajo el que los magistrados deberían encarar sus fallos, de ahí que critique a un TC que el miércoles decidió, por seis votos a cinco, que Sortu tenía derecho a ejercer la actividad política. Los socialistas, en cambio, creen que se ha abierto un nuevo escenario, y por eso no ven ninguna discordancia en haber apoyado la ilegalización de la formación aberzale en el pasado y considerar ahora que la sentencia es una buena noticia.

Ayer, mientras volvió a aparecer el debate respecto a la permanencia de Arnaldo Otegi entre rejas y Esperanza Aguirre incidió en que el Constitucional debería ser cerrado por su carácter "político", ambas partes se lanzaron duros ataques.

PARTE EN EL PROCESO La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sostuvo que el Gobierno estaba perfectamente legitimado para cargar contra la sentencia del alto tribunal porque, a través de la fiscalía y la abogacía general del Estado, había sido "parte en este proceso". Quien ha sido incoherente, continuó la número dos del Ejecutivo, no es el PP,

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