El Gobierno sigue empeñado en dar alas al sector más duro de su partido y desde que el Tribunal Constitucional legalizó el pasado miércoles Sortu aprovecha sus actos públicos para criticar la resolución y vender como propias las instrucciones que le impone el alto tribunal para vigilar que el partido de la izquierda aberzale cumple con los principios democráticos para seguir manteniendo su actividad.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, insistió ayer en que el Gobierno vigilará "a los que hasta hace muy poco no defendían la democracia" y aseguró que "no ha llegado, de ninguna de las formas, el día de la impunidad". Asimismo, reiteró que este fallo no altera la política antiterrorista del Ejecutivo. "Que nadie cometa el error de creer que la justicia va a dejar de funcionar, que nadie espere que el Estado de Derecho vaya a renunciar a investigar, a detener, a juzgar a todos los que se sitúen al margen de la ley", manifestó.

El Tribunal Constitucional ha autorizado a Sortu a inscribirse en el registro de partidos políticos porque considera que sus Estatutos rechazan de forma "firme e inequívoca" la violencia terrorista. Y porque considera que una mera sospecha no puede vulnerar el derecho de asociación política. En la resolución también recoge un catálogo de conductas que la nueva fuerza no puede traspasar. Una lista celebrada incluso por los tres jueces que han formulado voto particular. Ramón Rodríguez Arribas sostiene que esta relación de actuaciones "constituye una advertencia, que hecha desde este tribunal no puede dejar de ser tenida en cuenta" por Sortu y por "las restantes Instituciones".

LOS AVISOS No obstante, el alto tribunal advierte al Gobierno de que no todo vale para perseguir a Sortu "desde una perspectiva constitucional y en atención a los derechos fundamentales en juego". Y le aclara que cualquier actuación debe apoyarse en "elementos probatorios suficientemente sólidos y cualificados".

Por su parte, el dirigente de IU Cayo Lara acusó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de quedar "acabar con la democracia" por proponer eliminar el Tribunal Constitucional. Y es que al PP no le tiembla el pulso a la hora de desprestigiar las instituciones, ya que la credibilidad de los tribunales está bajo mínimos.