Por qué los políticos atesoran desde hace tiempo el deshonor de figurar en el podio de las principales preocupaciones de la ciudadanía, solo superados por la economía y el desempleo? ¿Por qué la indignación social se expresa más fuerte en la calle y se canaliza cada vez más hacia fuerzas alternativas a los grandes partidos? El Barómetro de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para el Grupo Zeta aporta, a modo de ejemplo, una explicación clarividente: mientras el PP y el PSOE hacen equilibrios para evitar la exigencia de responsabilidades penales a los responsables de la quiebra de bancos y cajas, los españoles no titubean lo más mínimo y quieren ver en el banquillo a los directivos de las entidades financieras que el Gobierno ha tenido que rescatar con dinero público.
El dato es tan contundente que no caben interpretaciones diversas: el 93% del millar de encuestados responden sí a la pregunta de si debería enjuiciarse a los banqueros cuya gestión ha quedado en entredicho con la intervención de sus entidades. Este porcentaje recoge un clamor transversal, en el que se incluye al 90% de los votantes del PP y al 94% de los del PSOE. Preguntado por esta posibilidad tras la quiebra de Bankia --entidad que presidía el exministro del PP Rodrigo Rato y que dejó con un agujero que superaba los 23.000 millones de euro-- Mariano Rajoy, ha echado balones fuera con el argumento de que la prioridad es salvar los depósitos de los ciudadanos. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que se depurasen responsabilidades, pero solo políticas, mediante la comparecencia en el Congreso de los gestores anteriores y actuales de Bankia.
Asimismo, el rodillo de la mayoría absoluta del PP bloqueó hace pocas semanas la creación en las Cortes de una comisión de investigación sobre la crisis de la banca como la que se constituirá la próxima semana en el Parlament. Con ello, los populares contravinieron la voluntad del 93% de los españoles y del 92% de sus propios votantes, partidarios de esa investigación política.
El clamor social para llevar a juicio a los responsables de la mala gestión de los bancos entronca con una reivindicación del movimiento 15-M y con la propuesta de partidos como ICV-
EUiA y UPD de promover una gran demanda colectiva.
No faltarían voluntarios para impulsar la denuncia, a juzgar por el 92% de ciudadanos señalan sin duda a las entidades financieras como principales culpables de la crisis económica, una responsabilidad que comparten, de nuevo, más del 90% de los electores del PP y del PSOE.
Tanta desconfianza hacia la banca y los políticos ha logrado inocular la inseguridad en el subconsciente de los españoles, que, al ser preguntados por si creen que sus ahorros están a salvo en bancos y cajas, muestran una gran división, que contrasta con la convicción de las respuestas anteriores.
El 48% de los sondeados considera que sus depósitos están seguros, pero un 44% opina lo contrario. Esta igualdad se repite en todas las franjas de edad y entre los votantes de todos los partidos. Por comunidades, resulta significativo que la inseguridad sea mayoritaria autonomías donde hay cajas nacionalizadas, como Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunitat Valenciana.
Los recelos se han disparado con el reciente rescate de la banca española. Y es que casi la mitad de los encuestados (49%) sostiene que la "línea de crédito" Rajoy dixit otorgada por la UE solo será un punto y seguido en la crisis, y que España acabará necesitando un rescate completo de su economía. Lo creen también un tercio de los votantes del PP y el 60% del electorado socialista. En cambio, el 40% de los españoles considera inviable la
