Una secretaria personal de Iñaki Urdangarin ha declarado ante el juez José Castro este miércoles en Barcelona que el duque de Palma siguió en el Instituto Nóos más allá de marzo del 2006, en contra de lo sostenido por el yerno del Rey, investigado por presunta malversación de fondos públicos.

María Angeles Almazán, que ha prestado declaración como testigo, entró en la fundación en el 2005 como telefonista y luego pasó a atender al yerno del Rey hasta diciembre del 2006, cuando causó baja por maternidad.

Según ha expuesto esta mañana al magistrado, Urdangarin siguió en el Instituto Nóos al menos hasta septiembre de ese año, lo que supone que no lo abandonó en marzo del 2006, cuando lo ordenó la Casa Real al conocerse las primeras críticas por los lucrativos negocios del marido de la infanta Cristina.

Su testimonio se suma al de otros trabajadores y proveedores que sitúan al duque de Palma dentro de Nóos en fechas posteriores a su teórico abandono.

Otro empleado y colaborador de Nóos que también ha prestado declaración como testigo, Xavier Agulló, ha descrito a Urdangarin y su socio Diego Torres, como sus “jefes”.

Últimas decisiones

En el reparto de tareas, Agulló ha situado al duque de Palma como responsable de las relaciones institucionales, trato con los clientes y cuestiones de índole técnica. Según ha explicado al juez, Diego Torres se encargaba más de las labores económicas y financieras de la fundación, le gustaba que todas las cuestiones pasaran por él y tomaba las últimas decisiones.

Otra de las cuestiones que ha ocupado la jornada matutina de la amplia ronda de declaraciones que se prolongará hasta el viernes ha sido el convenio suscrito entre la Generalitat y el Instituto Nóos por 34.000 euros para un proyecto de cooperación internacional en materia de salud desarrollado en la época de Marina Geli al frente del Departamento de Sanidad de la Generalitat.

Estanislao Alonso Mayo, que fue director de Inmigración y Cooperación de la Generalitat del 2004 al 2006, ha admitido ante el magistrado que “era normal” que se empezara a trabajar en el proyecto antes de tener firmado el convenio.

Un centenar de funcionarios de la administración de Justicia han aprovechado la expectación levantada entre los medios de comunicación por las declaraciones judiciales por el 'caso Urdangaín' para manifestarse contra los recortes gubernamentales en el acceso de la sala de vistas donde el juez José Castro interroga a testigos de la causa, al grito de "ellos roban, nosotros trabajamos" y "chorizo".