La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido esta mañana al Gobierno de Extremadura (del PP) de que si decide abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno extremeño de José Antonio Monago anunció ayer su intención de abonar la extra de Navidad a los funcionarios después de conocerse una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto sobre los depósitos bancarios que hace 10 años intentó aplicar el Ejecutivo autonómico. El Gobierno de Monago calcula que con este nuevo impuesto podrá recaudar 240 millones de euros y ha anunciado su intención de dedicar alrededor de 80 millones de ellos al pago de la extra de los funcionarios.

La vicepresidenta ha recordado hoy que la prohibición de pagar la extra de Navidad constituye normativa básica del Estado que obliga a todas las administraciones y ha anunciado que en caso de que se incumpla, el Globierno acudirá al Constitucional.

Impuesto a la banca

Además, la vicepresidenta ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de aplicar en estos momentos el impuesto sobre la banca aprobado en Extremadura en el 2001, bajo un gobierno autonómico presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) . "En diez años han cambiado mucho las cosas en el sector financiero", ha dicho Sáenz de Santamaría.

Según la vicepresidenta, "hay que analizar bien la sentencia" y ver "cómo encaja" el impuesto de Extremadura en las nuevas circunstancias y "consultar" con la Unión Europea cómo aplicar en el momento actual "una resolución judicial" sobre un tema que afecta al sector financiero. La cuestión, según ha dicho, está siendo analizada por los ministerios de Hacienda, de Economía y de Justicia.

En particular, la vicepresidenta se ha referido al Memorandum de Entendimiento (MoU, según la sigla en inglés) firmado en juno por España con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de un rescate de hasta 100.000 millones de euros de dinero europeo con los que capitalizar la banca española. El MoU obliga al Estado español a consultar con las autoridades europeas cualquier cambio que afecte al sector financiero y este, según la vicepresidenta, es uno de estos casos.

Además, Sáenz de Santamaría ha recordado que España junto a otros 10 países de la Unión Europea han acordado poner en marcha de forma coordinada algún tipo de tasa sobre las transacciones financieras. La vicepresidenta considera que el impuesto extremeño también choca contra este compromiso asumido en ocutubre pasado.