El Govern de José Ramón Bauzá reclama a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres una fianzade responsabilidad civil de casi 4 millones de euros por los contratos suscritos durante el mandato de Jaume Matas, según el escrito de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que el juez José Castro ya ha trasladado a las partes. Esta petición supone la devolución de total del dinero salido de las arcas públicas de las islas y derivado al Instituto Nóos, la fundación sin ánimo de lucro del duque de Palma investigada por malversación.
A la cuantía resultante se añade un tercio, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. Así, por la organización de las dos ediciones de los Fórum Illes Balears, se reclaman 3.498.000 euros, a los que hay que sumar otros 300.000 aproximadamente por los desembolsos realizados por diversas prestaciones en el marco del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, con lo que la suma asciende a 3.798.000 euros.
La solicitud de fianza de casi 4 millones coincide con las cifras de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, quienes elevan la petición final a 8,2 millones de euros al contemplar también la devolución de las cantidades percibidas por Nóos desde Valenciadurante el mandado de Francisco Camps.
Otro escenario de mínimos
Este es un escenario de máximos, donde todas las partes que piden la imposición de fianza para resarcir daños en el caso de que Urdangarin y Torres fueran condenados, parten de la tesis de que todos los contratos son “nulos de pleno derecho”. El Govern de Bauzá, al igual que el Ministerio Público y Manos Limpias, contempla otro escenario de mínimos para que, en el supuesto de que se consideren los convenios y contratos ajustados a Derecho, se devuelva al menos el dinero supuestamente malversado mediante facturas simuladas. La Abogacía de la Comunidad Autónoma cifra esta fianza subsidiaria en 2.427.205 euros. El fiscal Pedro Horrach y Manos Limpias, la elevan a 5,9 millones, al incluir además las tres ediciones del Valencia Summit y los fallidos juegos europeos.
Perdonado en la causa
El Govern balear, a diferencia de la Generalitat valenciana, está personado en esta pieza 25 del `caso Palma Arena¿ como acusación y, por ahora, ha secundado las posiciones de Anticorrupción. La personación data de la época del socialista Francesc Antich al frente del Ejecutivo, decisión que no se vio alterada tras el ascenso de los populares al poder.
La Generalitat de Fabra, por el contrario, ha optado por prestar asistencia jurídica a algunos de los imputados de Valencia durante sus declaraciones ante el juez. Entre el 2003 y el 2007, los ejecutivos de Camps y Matas, además de la corporación de Rita Barberá en Valencia, contrataron a través de diversos organismos por valor de 5,8 millones de euros con la fundación sin ánimo de lucro liderada por el marido de la infanta Cristina.
Presentación de alegaciones
Por otra parte, el juez José Castro ha decidido ampliar hasta el 14 de enero del próximo año el plazode presentación de alegaciones a las peticiones de fianza las acusaciones. En un principio, había otorgado un plazo de veinte días, considerado insuficiente por la defensa de Diego Torres, ejercida por Manuel González Peeters, que pidió más tiempo. Una vez estudiadas las peticiones y alegaciones de todas las partes, el magistrado debería resolver si acepta o no la medida cautelar y en qué cuantía.
En el supuesto de que se aceptara la fianza y ésta no se hiciera efectiva, se procedería al embargo de los bienes de Urdangarin y Torres.
