Después de dos años de meticulosa investigación, seguimientos y decenas de teléfonos intervenidos, los Mossos d'Esquadra desmantelaron ayer una presunta trama de corrupción asentada en el Ayuntamiento de Sabadell y que, supuestamente encabezada por el alcalde socialista Manuel Bustos, se embolsaba importantes cantidades de dinero de todos aquellos empresarios que optaban a hacer negocios con el municipio. Además de Bustos, otras 26 personas han sido imputadas o van camino de serlo, entre ellas el secretario de organización del PSC, número tres del partido y responsable de la última campaña electoral, Daniel Fernández.

Otras 12 personas, la mayoría constructores --incluido un tío de Manuel Bustos--, han sido detenidas por formar parte de esta trama que en los últimos años, y según la Fiscalía Anticorrupción, se dedicó de manera sistemática a cobrar hasta 120.000 euros a cada uno de los empresarios que optaba a trabajar en el término municipal de Sabadell.

Al terminar el trabajo, el empresario se comprometía, presuntamente, a pagar un 4% del dinero cobrado en negro. Todo ese dinero, según los investigadores, iba a parar a una caja común que después se repartía entre la cúpula del ayuntamiento y un buen número de funcionarios, principalmente del área de urbanismo. El análisis de la abundante documentación incautada no ha hecho más que empezar, y falta por tomar declaración a detenidos e imputados, pero algunas fuentes ya apuntan a la posibilidad de que parte de ese dinero fuera desviado a la financiación irregular de partidos políticos: PSC y Partido Popular, principalmente.

EXTRAÑO ROBO La investigación se inició hace dos años, cuando un desconocido, cuyo identidad se protege, entregó a la vicepresidenta de Iniciativa per Catalunya en Sabadell, Carmen García, documentación que detallaba la existencia en el Ayuntamiento de Sabadell de un trama de corrupción urbanística y de cobro de comisiones a empresarios a los que se les adjudicaban proyectos municipales.

Pocos días después, la sede de ICV sufrió un extraño robo y desapareció la documentación. Carmen García, previsora, había hecho una copia de la documentación que acreditaba la corrupción en Sabadell y la aportó a los mossos cuando fue a denunciar el robo. Los policías autonómicos le recomendaron que acudiera a la fiscalía anticorrupción.

Ayer, a las diez de la mañana, con el Ayuntamiento de Sabadell a pleno rendimiento, un grupo de mossos de paisano, encabezados por una comisión judicial y el fiscal Fernando Bermejo entraron en las dependencias. Bustos estaba en su despacho, que fue uno de los registrados junto con el de la conejala de Economía y diputada electa del Parlament, Montserrat Capdevila.

A primera hora de la tarde, cuando todas las miradas estaban puestas en Sabadell, dos mossos acudieron a la sede del PSC en Barcelona para comunicar a Daniel Fernández que aparecía en una investigación como sospechoso de tráfico de influencias. Fernández se desplazó a una comisaría, donde le notificaron que, al ser diputado en el Congreso, y por tanto, aforado, será el Tribunal Supremo quien lo impute, si lo cree conveniente, después de que en el día de hoy reciba un acta con las acusaciones del juzgado de Sabadell.

A la espera de esa posible imputación, quedó apartado de sus cargos en el PSC, igual que Bustos, que de momento sí seguirá de alcalde. Según fuentes de la investigación, a Fernández se le acusa de haber presionado a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, también imputada, para que colocara en su ayuntamiento a una exalto cargo de la Generalitat y del Ministerio de Fomento con el anterior Gobierno.