Las instituciones españolas han destruido en los siete primeros meses de 2013 cerca de 500.000 kilos de droga provenientes de incautaciones, lo que supone el 72,25 por ciento de todos los estupefacientes almacenados.
Según ha informado hoy el Ministerio del Interior, hasta el 31 de julio se han destruido 465.949,8 kilos de droga en virtud del acuerdo-marco de colaboración que firmaron en octubre de 2012 el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en el que se establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de estupefacientes.
De los casi 500.000 kilos eliminados, la mayoría (321.400) fueron destruidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y el resto por las unidades especializadas de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (141.868), y el Instituto Nacional de Toxicología, que trabaja solo con muestras (2.681).
El protocolo de colaboración regula todo el proceso y garantiza la cadena de custodia de los alijos, agilizando la destrucción de la droga en semanas. Siempre se conservan muestras como pruebas para el juicio.
La Comisión de Seguimiento del acuerdo-marco trabaja para aumentar en breve el número de puntos autorizados para destruir la droga, que pasarán de uno a cinco (dos en Andalucía, uno en Asturias, uno en Madrid y uno en Cataluña).
También se trabaja en la reducción a la mitad, a una veintena, los puntos de depósito de la droga incautada y reforzar las medidas de seguridad de las instalaciones.
Cada mes, la Comisión Nacional de seguimiento del acuerdo-marco ha mantenido reuniones para seguir el protocolo y resolver los problemas detectados.
Además se ha elaborado una guía práctica en la que se establecen criterios homogéneos de actuación y se garantiza la cadena de custodia.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha hecho un balance "enormemente positivo y satisfactorio" de estos datos y ha recordado que el objetivo es "que la destrucción de los estupefacientes sea un protocolo automático".
Ha destacado que uno de los ingredientes de este éxito fue la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para que, si el juez no especifica lo contrario, la droga incautada en las operaciones policiales se destruya en 30 días, aunque siempre guardando las muestras necesarias para el proceso judicial.
Ha reconocido que antes de este protocolo había "un problema que tenía un tratamiento complejo y que había que abordar desde una perspectiva multidisciplinar".
El número dos de Interior ha afirmado que "era caótico" tener cincuenta depósitos con droga en diferentes puntos de España pertenecientes a diferentes instituciones y cuerpos de seguridad, por lo que se lleva a cabo una "mejora racional" por la que habrá "menos, pero mejor vigilados".
En la misma línea se ha pronunciado sobre los puntos de destrucción, a los que también se les aplicará un "criterio racional" porque -según ha dicho- "era difícil de explicar que hubiera solo uno" en toda España, concretamente en Asturias.
"Suponía costosísimos y arriesgadísimos desplazamientos", ha añadido Francisco Martínez.
El Ministerio del Interior ha destacado que el protocolo firmado el pasado mes de octubre "es sin duda un referente de colaboración entre los poderes del Estado para resolver, de manera decidida y eficaz, los problemas de seguridad y salud pública derivados del tráfico ilegal de drogas y su almacenamiento".
El pasado 19 de junio, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó en el Congreso que en los primeros cinco meses del año se habían eliminado unos 300.000 kilos de droga, la misma cantidad que en todo el año 2012.
Aseguró también que para finales de año se habría destruido toda la droga intervenida que se almacena en distintas dependencias.
