El juez Pablo Ruz tomará mañana declaración como testigo al ex jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente para aclarar las visitas en la sede de la calle Génova a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y su relación con ingresos que constan en la supuesta contabilidad B del PP.

Ruz decidió llamar a declarar a De la Fuente -cuñado de Bárcenas-, con el visto bueno del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, al entender que puede "aportar datos relevantes sobre diversos extremos relacionados con la presente investigación".

En concreto, puede facilitar "información y aclarar circunstancias relativas a las eventuales visitas recibidas por los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta y su relación con las anotaciones de ingresos que constan" en la supuesta contabilidad B del PP, en alusión a los donantes.

La intención del juez es comprobar si visitó la sede del PP alguno de los ocho constructores imputados en la causa por presuntas donaciones irregulares al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Para averiguar este extremo, Ruz interrogó el pasado 10 de septiembre, también como testigo, a la que fuera secretaria de Bárcenas en el PP.

Sin embargo, con esta diligencia nada se pudo comprobar porque la secretaria, Estrella Domínguez, sostuvo que el año pasado tiró a la basura las agendas de visitas del extesorero, cuya esposa, Rosalía Iglesias, se las reclamó el pasado 14 de julio, un día antes de que su marido declarara en la Audiencia Nacional tras su ingreso en prisión.

También compareció en calidad de testigo la que fuera secretaria de Álvaro Lapuerta, quien también aseguró haber destruido su agenda y que no recordaba visitas de empresarios donantes al despacho del extesorero.

La secretaria de Bárcenas también dijo que no recordaba esas visitas, pero que el presunto líder de Gürtel, Francisco Correa, sí iba por la sede del PP de la calle Génova.

Antes de hacer estas citaciones, Ruz requirió al PP los registros de entrada a su sede de la calle de Génova de 2001 a 2008, pero el partido comunicó al juez que no podía entregárselos porque son eliminados cada mes en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.