El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha sido el miembro del Ejecutivo elegido por Mariano Rajoy para responder publicamente al informe de agravios que ayer publicó el Govern. En los pasillos del Congreso, el titular de Hacienda ha acusado a Artur Mas de "mezclar deliberadamente cifras y conceptos", con una actitud "poco inteligente y poco propia de las circunstancias que vivimos", en alusión a la crisis.

Según el ministro, a lo que se tiene que dedicar la Generalitat es a "gestionar para conseguir el objetivo de déficit público" y para que la economía catalana vuelva a crecer cuanto antes. En su opinión, elaborar un informe con los supuestos agravios del Estado central "ayuda muy poco a serenar el debate".

La Generalitat ha cifrado en 9.375 millones el coste de los "agravios" del Estado hacia Catalunya. De ellos, la parte más importante, 5.748 millones, corresponde al incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut. Montoro ha recordado que esta cantidad que se debe destinar a inversión en infraestructuras, y por eso ha considerado que la Generalitat no puede esgrimir este incumplimiento para justificar que le faltan fondos para financiar servicios sociales.

"Catalunya no va a salir de la crisis con más inversión pública. Porque esa inversión hay que financiarla con más deuda", ha sentenciado Montoro. "No hay dinero", ha reiterado.

Los proveedores

El ministro también se ha referido a la acusación de la Generalitat de que Hacienda va a dejar de financiar a Catalunya 1.700 millones para el pago a proveedores. "No hay que inducir a la confusión", ha dicho el titular del ramo. "Ningún proveedor se va a quedar sin cobrar por ser acreedor de la Generalitat", ha remachado. "De lo que se trata es de no pagar dos veces por el mismo concepto", ha explicado.

La polémica hace referencia a la decisión del ministerio de descontar de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del 2013 las cantitades que una comunidad autónoma haya recibido del Plan de Pago a Proveedores (PPP) para pagar facturas de este mismo ejercicio. La Generalitat considera que se ha producido un cambio de criterio que perjudica a la financiación de Catalunya y que le va a restar 1.700 millones para atender sus compromisos.