El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado a la Audiencia Nacional que le comunique "a la mayor brevedad posible" cualquier "resolución o incidencia" que afecte a la libertad de los 17 etarras que han pedido el amparo del alto tribunal. De este modo, el Constitucional delega en la Audiencia la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que impide la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'.
El Constitucional tiene pendiente de resolver las demandas de estos terroristas, pero dejó en suspenso su resolución hasta que se conociera el fallo definitivo del tribunal europeo. Los terroristas habían pedido que el TC dejara en suspenso la ejecución de su pena hasta que el alto tribunal tomara una decisión, pero los jueces del alto tribunal les habían denegado esta pretensión.
Este mandato del Tribunal Constitucional se verá este viernes en el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional. Los 16 jueces que integran esta sala --una de las juezas está de baja por enfermedad-- se encuentran ya reunidos y tendrán que alcanzar un acuerdo sobre dos asuntos. Por un lado tendrán que decidir si aplican la 'doctrina Parot' a los etarras Josefa Ernaga, miembro del comando Barcelona y una de las autoras del atentado de Hipercor, y Juan Manuel Piriz. Lo más probable es que rechacen alargar sus condenas y acuerden otra fecha para que salgan de prisión. Ernaga está internada desde 1989.
Penas por liquidar
Además, el pleno decidirá la hoja de ruta a seguir con los 51 etarras que han pedido que se les aplique el fallo del Tribunal Europeo para reducir su estancia en la cárcel. Fuentes jurídicas han informado de que estas peticiones no supondrán la excarcelación inmediata de todos los terroristas, ya que algunos, aunque se les aplique el fallo de Estrasburgo, aún no han liquidado las penas porque fueron detenidos en la década de los noventa del siglo pasado.
Salida escalonada
En cualquier caso, no se se prevé que los jueces opten por una salida en masa de los etarras sino que decidirán que sea escalonada. Por ello, pedirán un informe al fiscal y a las cárceles en las que están internados. Fuentes fiscales han indicado de que solicitarán a los jueces que se descuente de los beneficios automáticos a que tienen derecho estos terroristas por haber sido condenados con el Código Penal de 1973 los días que han sido sancionados por mala conducta en la cárcel.
