La ponencia que estudia en el Congreso la reforma local ha aplazado hoy, a propuesta del PP, la incorporación de las enmiendas hasta la reunión de la Comisión que debatirá este miércoles el texto, con el fin de tener más tiempo para la negociación de los populares con los grupos de la oposición.

Según han explicado fuentes parlamentarias, el aplazamiento en la incorporación de las enmiendas a la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de debe a un intento de tender puentes al resto de las fuerzas parlamentarias y poder alcanzar algún nuevo acuerdo antes de que el miércoles la Comisión apruebe el proyecto.

No obstante, si se ha introducido una de las 20 enmiendas del PP, con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, que únicamente corregía una error en el texto del proyecto y no proponía ningún cambio de fondo.

El resto de las enmiendas quedan pendientes del debate en la Comisión, entre ellas las del Partido Popular, que ha incluido la propuesta de que las juntas de gobierno de los ayuntamientos puedan aprobar sus presupuestos sin que los haya apoyado la mayoría del pleno de la corporación y que puedan sacar adelante sin necesidad de ese voto medidas como planes económico-financieros o de saneamiento.

Los socialistas han presentado un total de 45 enmiendas a la reforma local y en todas ellas solicita la supresión del articulado al considerar que se vulnera la autonomía local y tiene la finalidad de privatizar la gestión de los servicios sociales.

Por su parte, la Izquierda Plural ha presentado un total de 62 enmiendas en las que se expone que los términos "racionalización" y "sostenibilidad", tal y como se describen en la exposición de motivos del proyecto de ley, esconden un eufemismo de privatización y recorte de servicios públicos municipales.

UPyD también considera que la reforma pretende reducir la autonomía política de la que gozan los ayuntamientos y en sus enmiendas solicita que la creación o supresión de municipios se regule por la legislación de las comunidades autónomas.

De las 28 enmiendas que ha presentado el PNV, dos están pactadas con el PP y determinan que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos es una labor ligada desde siempre a las potestades de las diputaciones forales.

CiU solicita, entre otras cosas, que las entidades locales sólo puedan ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal.

Por último, el BNG considera que la imposición por imperativo legal de la coordinación por las diputaciones de determinados servicios de titularidad municipal atenta contra la autonomía local, mientras que ERC solicita que se garantice la eficacia de la autonomía local y se atribuyan las competencias a la administración más cercana a la ciudadanía.