El pleno del Congreso debate hoy una proposición de ley del PSOE que reclama que se atribuyan a la Audiencia Nacional las competencias para instruir y enjuiciar los delitos relacionados con la corrupción con el fin reforzar la persecución penal de estas conductas.
Esta es una de las medidas del paquete de iniciativas para avanzar en la lucha contra la corrupción anunciadas por los socialistas y, en concreto, pide una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la Audiencia Nacional sea la encargada del enjuiciamiento de los delitos de corrupción política.
Una modificación que supondría encargar a la Audiencia Nacional los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.
La petición coincide con lo planteado por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que en varias ocasiones ha abogado por que este tribunal investigue y juzgue las formas mas graves de delincuencia económica y corrupción, ya que cree que tiene capacidad para ofrecer "una respuesta suficiente" a estos delitos.
Además, la proposición de ley del PSOE, propone también que el Gobierno remita a la Cámara en un plazo de tres meses, y previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluya un "procedimiento preferente y sumario" para enjuiciar estos delitos.
El objetivo en este caso es acelerar los procesos judiciales y evitar la prescripción de los delitos de corrupción por posibles retrasos en los tribunales.
"La firmeza de la persecución penal de estas conductas requiere además que se asegure, mediante un enjuiciamiento ágil y eficaz de los delitos, que no puedan producirse injustificados retrasos en los procedimientos judiciales, así como que los órganos judiciales competentes dispongan de medios idóneos para su enjuiciamiento", explica el PSOE en la exposición de motivos de la proposición.
Los socialistas llevan al pleno del Congreso esta iniciativa pocas semanas después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, propusiera al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lidere un pacto contra la corrupción política.
La oferta de Díaz llegaba en un momento en el que el PSOE se encontraba en plena ruptura de sus relaciones con el Gobierno por el "caso Bárcenas", aunque ahora Rajoy y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, han retomado los contactos con motivo de la situación abierta por el debate soberanista en Cataluña.
Esta por ver si ese diálogo se acaba abriendo también a otros asuntos, como la corrupción.
Desde el Gobierno, se ha insistido en la disposición a negociar con los grupos parlamentarios las medidas incluidas en su plan de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción.
En el ámbito penal, esas medidas prevén la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos y el refuerzo del castigo para los principales delitos asociados a la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales.
