El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha asegurado hoy "con rotundidad" que el Gobierno no tiene previsto derogar la ley de tasas judiciales.

Román ha respondido de esta forma en la Comisión de Justicia del Senado a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, quien ha reclamado la derogación de la ley de tasas por considerar que impide el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El secretario de Estado ha explicado que la ley de tasas responde a un esquema constitucionalmente aceptable en el sentido de que no se sufrague todo el coste de la administración de Justicia a través de los impuestos, sino también por los usuarios mediante las tasas judiciales.

Tras ser objeto de diversas críticas, en febrero de este año, se aprobó un real decreto ley que permitió atender a las sugerencias de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y retocar aquellos aspectos de la ley que pudieran tener alguna arista, ha precisado Román.

La ley de tasas judiciales, como todo en la vida, es susceptible de análisis "constante y permanente", como cualquier otra norma que se pone en funcionamiento, para estudiar si cumple con su finalidad y si es necesario modificarla o mejorarla de alguna manera, ha recalcado el secretario de Estado.

Román ha rechazado que la ley de tasas impida el acceso a la Justicia de los ciudadanos y ha señalado que cualquier duda quedó disipada después del decreto ley que se hizo en febrero.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no interpuso recurso alguno de inconstitucionalidad contra la ley de tasas, por entender que con las reformas que se hicieron en febrero se garantiza que no haya ningún español que tenga que pagar unas tasas tan altas que le impidan el acceso a la Justicia, ha subrayado.

El secretario de Estado ha reconocido que, a veces, hay que adoptar medidas que no son "excesivamente populares" en un momento en que hay un déficit de recursos como consecuencia de una situación económica difícil.

Ha destacado que el Departamento de Justicia estará pendiente de ver si se puede mejorar esta ley, a la vista de la aplicación práctica, y ha expresado su disposición a contemplar si en algún supuesto concreto, puede dificultar el acceso a los tribunales.

Por su parte, el senador socialista ha pedido al Ejecutivo que no permita la existencia de dos justicias, una para las grandes corporaciones que van a poder pleitear y otra para el resto de la sociedad que va a quedar indefensa.