El déficit de tarifa alcanzó en diciembre pasado los 4.098 millones de euros. Este desfase, que revela unos costes del sistema mayores que los ingresos reconocidos a través de las tarifas reguladas, alcanza ya los 32.000 millones. Se trata de una deuda por consumos pasados que se paga a plazos a los largo de 15 años a través del recibo de la luz y que supone más del 10% de cada euro de la factura.
El pasivo definitivo se conocerá en abril después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haga las dos liquidaciones que aún quedan pendientes del ejercicio. La esperanza del Gobierno, que inicialmente no había previsto que se generara nuevo déficit este año, es que finalmente se cierre en unos 3.600 millones.
Según el regulador, el sobrecoste del suministro en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla (los conocidos como costes extrapeninsulares) provocaron un aumento del déficit de 640 millones en diciembre. En todo caso, en agosto se aprobó una subida extraordinaria de la luz de una media del 3,2% para paliar este desfase. En la actualidad se ha aplicado una subida a la tarifa regulada del 2,3%, tras suspender el Gobierno la subasta de diciembre en la que se fijaba el precio de una parte del recibo. Este alza se combinó con un nuevo incremento del peso del término de potencia (el precio que se paga por los kilovatios contratados, se consuma o no).
A partir de abril entrará en vigor una nueva fórmula de establecer el precio para la tarifa regulada, que emplean unos 16 millones de usuarios, que permitirá fijarlo de forma horaria para quienes tengan contadores de telegestión o mediante una fórmula de precios diarios; e incluso se podrá acordar una tarifa anual, que las eléctricas se verán obligadas a ofrecer. La mayoría de los consumidores carecen todavía de contadores que permitan este sistema.
