Cristina de Borbón sigue imputada por blanqueo de capitales y por dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartida Aizoon. El auto de cierre de la instrucción del ‘caso Noos’, dado a conocer esta mañana por el juez de Instrucción 3 de Palma, José Castro, considera que la hermana del Rey Felipe VI empleó dinero de la sociedad para gastos particulares sin relación alguna con la actividad de la mercantil, nutrida de fondos procedentes de grandes empresas y de contratos irregulares del Instituto Nóos, liderado por su marido, con administraciones públicas, principalmente de Baleares y Valencia durante los mandatos de Jaume Matas y Francisco Camps.
Los Duques de Palma nunca repartieron beneficios, pero si adquirieron con cargo a la empresa propiedades inmobiliarias, reformaron y decoraron el palacete de Pedralbes, celebraron fiestas familiares, viajaron y pagaron las nóminas del personal doméstico. Para el magistrado, sin el advenimiento de Cristina de Borbón para crear Aizoon, su marido tampoco habría podido cometer delitos fiscales en 2007 y 2008, cuando tributó a través de la sociedad rentas del trabajo por sus asesorías a grandes firmas, aminorando en 337.000 euros el pago al fisco. El pase a procedimiento abreviado del magistrado supone un punto y seguido, ya que será la Audiencia Provincial de Palma la instancia que al resolver los recursos decidirá quién se sentará en el banquillo del ‘caso Nóos’. La decisión no se tomará antes del verano.
La investigación de Noos se inició como pieza separada número 25 de la macrocausa del Palma Arena, un velódromo ciclista construido durante el Govern de Jaume Matas cuyo coste se disparó de 48 a 110 millones de euros sin un solo contrato. Estirando del hilo, Castro se topó con jugosos contratos suscritos entre la Administración balear y el Instituto Nóos a dedo. La misma fórmula que antes se había iniciado en Valencia, bajo el mandato de Francisco Camps. De las arcas públicas de ambas comunidades salieron más de seis millones de euros hacia la fundación altruista que hasta marzo de 2007 presidió Urdangarin, a quien sucedió su ex socio, Diego Torres, cuando saltó el escándalo por la denuncia del diputado socialista Antonio Diéguez en el Parlamento balear. Para entonces habían organizado tres ediciones del Valencia Summit, dos Forum Illes Balears, unos juegos europeos fallidos y participado del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Urdangarin y Torres disponían de una entramado de sociedades mercantiles, como Aizoon, a las que desviaban la mayor parte de esos caudales mediante facturas ficticias o hinchadas. Se repartían los beneficios al 50%, según la investigación, que también ha detectado cruces de facturas y empleados ficticios para deducir más gastos y pagar menos impuestos. El negocio siguió funcionando después con la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, que llegó a operar en paraísos fiscales. Sus defensas defienden la legalidad de los contratos suscritos y la veracidad de los conceptos facturados, aunque no han actuado al unísono, más bien todo lo contrario. Torres ha llegado a dejar sobre la mesa de Castro correos electrónicos con referencias a mediaciones del Rey Juan Carlos en los negocios de su yerno.
