La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de casi ocho años de cárcel para la cúpula del PP valenciano en tiempos de Francisco Camps por presunta financiación ilegal. En concreto, la fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PP valenciano Ricardo Costa y Vicente Rambla, a los que se les atribuye tres presuntos delitos electorales y uno de falsedad documental derivados de sus actuaciones en la contratación de las empresas de la trama 'Gürtel' para los actos del partido en los comicios del 2007 y 2008. Así se desprende del escrito de calificación del fiscal dado a conocer este viernes, que corresponde a las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel' y que investiga la presunta financiación ilegal del PPCV.

En estas piezas hay procesadas una veintena de personas, entre las que además de Costa -exsecretario general del PPCV- y Rambla -exvicepresidente del Consell-, se encuentran también otros exdirigentes populares, como David Serra -vicesecretario general del PPCV- y Cristina Ibáñez, gerente regional del partido desde 1995. Para ellos el fiscal pide también otros siete años y nueve meses de prisión por los mismos delitos que estima en Costa y Rambla. A Yolanda García, gerente del PPCV en el 2008, le solicita seis meses por un presunto delito electoral en las elecciones generales de 2008.

En su escrito, el ministerio público relata que "con el propósito de obtener mayor despliege en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 y 2008, los acusados del PPCV contrataron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". "En ambos casos -concluye el fiscal- los pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

Para los presuntos cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y Pablo Crespo, el fiscal eleva las penas de cárcel porque se les considera también autores de varios delitos contra la Hacienda Pública por el impago del IVA, el Impuesto de Sociedades y el IRPF, desde los 22 años hasta los 27 solicitados para Pérez. Anticorrupción pide también hasta tres años de prisión para los empresarios que presuntamente contribuyeron a financiar el PPCV con pagos en b, entre los que se encuentra Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Las Cortes valencianas Juan Cotino.