El PP ha buscado a la desesperada y a contrarreloj ampliar el abanico de apoyos a la reforma del Código Penal. Durante toda la mañana de este jueves sus portavoces han tratado de convencer a CiU para que votase a favor de la modificación lesgislativa, incluso con llamamientos directos desde la tribuna de oradores del Congreso. La incógnita se ha mantenido hasta el mismo momento de la votación, pero finalmente, los nacionalistas no han dado su respaldo a la reforma. La fuerza nacionalista ha solicitado votar las enmiendas por separado para explicitar su postura en cada uno de los puntos, pero ante la negativa del PP, se ha inclinado por la abstención, alegando que no pueden avalar el artículo 573 del nuevo texto, que incluye la figura de la cadena perpetua revisable. El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, no ha estado presente en la sesión del Congreso y tras responder a una entrevista en TVE por la mañana, se ha desplazado a Barcelona para resolver una cuestión de última hora "urgente", según han indicado fuentes de la coalición. Su ausencia resulta especialmente llamativa puesto que se produce apenas una hora después de reconocer en una entrevista que CiU "no vive su mejor momento" y explicar los pormenores que desataron la crisis en el grupo, cuando los democristianos y CDC votaron en sentido distinto la admisión a trámite del pacto antiyihadista en la Cámara baja.
Con esta decisión, la reforma del Código Penal recibe la última validación en el Congreso sustentada con los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Foro Asturias. En el hemiciclo, el debate ha contado con la presencia del líder socialista, Pedro Sánchez, pero ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior han acudido a la cita, que introduce una importante modificación en un texto legislativo clave con medidas tan polémicas como la prisión permanente revisable y el endurecimiento de las penas en las protestas ciudadanas. Sin embargo, los grupos que han apoyado el texto, no han focalizado el debate en la cadena perpetua, sino en la necesidad de tener más instrumentos en la lucha contra el yihadismo.
El PSOE, duramente criticado por otros grupos de la oposición, ha defendido que su negociación con el PP ha suavizado el texto y que lo ha mejorado en aspectos importantes. Su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, ha defendido el pacto "en un contexto político determinado", en referencia a los recientes atentados de París y Copenhage, y ha explicado que dejan "la puerta abierta" a que nuevos grupos se sumen al acuerdo. En esta misma línea, el portavoz popular, Rafael Hernando, ha defendido que el yihadismo supone una nueva amenaza y que el estado de derecho necesita nuevas herramientas para la lucha contra este tipo de terrorismo. "Nuevas respuestas contra nuevas amenazas", ha resumido Hernando. El portavoz ha insistido en que el PP ha dialogado con todas las fuerzas políticas de la cámara y ha acusado de "oportunistas" y "demagógicos" a los que han votado en contra.
EN CONTRA
ERC ha realizado una dura crítica a la reforma del Código Penal, que ha calificado como un "monumento a la hipocresía" y ha tildado de "oportunista" la actitud del secretario general del PSOE al firmar el pacto contra el yihadismo con el PP y se ha negado a dar su respaldo a la proposición de ley que modifica el Código Penal. El PNV ha votado en contra porque considera que la cadena perpetua revisable impide la resocialización del condenado, un extremo anticonstitucional. Para la Izquierda Plural, la lucha contra el yihadismo no se resuelve con esta modificación. UPD ha optado por abstenerse.
La cadena perpetua revisable se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe, y contra jefes de Estado extranjeros. También se podrá utilizar en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. La nueva pena implica el cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se fija entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o más delitos. En este punto es donde han surgido las discrepancias principales entre el PP, el PSOE y el resto de grupos de la oposición, puesto que la revisión de la condena que permitiría la puesta el libertad del preso no se realizará hasta transcurrido ese periodo, hecho que supone un muro casi infranqueable y que, para la oposición, choca de frente con el principio constitucional de la reinserción.
La reforma del Código Penal introduce la cadena perpetua revisable, pero más allá de esta polémica, también incorpora otras novedades como la tipificación de delitos para aumentar la protección de la mujer. Se incluye el delito del matrimonio forzado que castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio, y se castigará también el hostigamiento mediante llamadas o seguimientos, y la divulgación de imágenes íntimas divulgadas sin consentimiento cela víctima.
Otra de las medidas que más desacuerdo ha generado y que se acaba aprobando es la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas, que se eleva de los 13 a los 16 años. El nuevo texto legislativo también aumenta la protección a los animales.
