La Guardia Civil ha entrado este viernes en la Diputación de Huelva y las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPES) para recabar información sobre una causa declarada secreta y que está vinculada a irregularidades en el uso de los fondos para subsidios agrarios en un ayuntamiento de la provincia para la contratación de trabajadores. De momento no se ha realizado ninguna detención ni imputación.

Fuentes del instituto armado prevén que los registros finalicen a mediodía. Los agentes han reclamado documentación y expedientes del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER), en la comarca del Andévalo onubense y otros municipios de la sierra, donde se habrían detectado irregularidades que están siendo investigadas por un juzgado de Valverde del Camino tras la denuncia de un particular presentada hace un año, según han confirmado fuentes judiciales. El caso no tiene relación por tanto con el fraude en las ayudas de los cursos de formación que otorgaba la Junta de Andalucía, y que están siendo investigadas por la Policía Nacional.

En este sentido, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han explicado que la denuncia fue presentada por la supuesta contratación irregular de un trabajador y de materiales de construcción en el municipio onubense de Tharsis, que podrían haber sido sufragados con cargo a ayudas y subvenciones públicas. La investigación también trata de esclarecer si estas ayudas se habrían podido destinar a fines distintos, por lo que la documentación que se está interviniendo este viernes ayudaría a "calibrar el alcance del presunto fraude". Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

DENUNCIA DE UPD

No es la única denuncia que media sobre este asunto, ya que Unión Progreso y Democracia (UPD) presentó una querella ante la Fiscalía de Huelva en la que acusaba a la Diputación provincial --en manos del PSOE-- de destinar los fondos del subsidio agrario para contrataciones supuestamente irregulares.

La fuerza política criticaba que el ente supramunicipal, con el dinero recibido de esas subvenciones, "lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas" para tareas de asesoría jurídica o de arquitectura y que se habrían convertido en una suerte de "una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio".

El decreto que regula la concesión de estas ayudas subraya que los fondos deben destinarse a proyectos que "no sustituyan servicios u obras de la institución que lo solicite", es decir, que no se trate de una sustitución de empleo. Precisamente lo que denuncia UPD que ha ocurrido en al Diputación. Así, el ente supramunicipal "sistemáticamente viene obteniendo de forma indebida" estas subvenciones, por un importe que en 2013 ascendió a 282.965, euros para "financiar la contratación de trabajadores afines año tras año".

La denuncia apunta también a la contratación del hijo del responsable provincial del SEPES mediante la subvención a un proyecto cuyos responsables posteriormente solicitaron en la oficina de empleo un perfil ajustado exclusivamente a dicho trabajador. Éste incluso habría cambiado, señala la denuncia, de domicilio para poder entrar en la base de datos de la oficina del municipio donde se llevó a cabo el proyecto.