El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, tendrá que resolver la petición de reducción de la fianza solicitado por la infanta Cristina, ya que la Audiencia Provincial de Palma no ha aceptado su inhibición por entender que la competencia es suya.

El magistrado señaló en su escrito que la resolución sobre las responsabilidades pecuniarias competía al tribunal provincial, ya que el Juzgado de Instrucción 3, del que él es titular, le ha traspasado la causa tras haber concluido la investigación. Sin embargo, la Audiencia aprecia que Castro asumió la competencia cuando admitió a trámite la petición de la hermana de la Rey y dio traslado a las partes.

En el auto de apertura de juicio oral, Castro impuso una fianza de responsabilidad civil de 2,7 millones para la infanta Cristina para reparar los posibles daños como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos a través de la empresaAizoon, que comparte con su marido, Iñaki Urdangarin. La cuantía coincidía con la petición de la acusación popular Manos Limpias, que además pide 8 años de prisión para la hermana del Rey.

Su defensa, ejercida por los despachos de Roca y Silva-Molins, defienden su inocencia y han pedido, en paralelo, que, en el peor de los casos, la fianza se reduzca por debajo del medio millón de euros. En este sentido, destacan el atenuante de reparación del daño, al haber depositado ya la infanta la cuantía reclamada por la Fiscalía Anticorrupción, 587.000 euros, como beneficiaria a título lucrativo de los negocios, cuya responsabilidad imputa solo a su esposo. El ministerio fiscal se ha adherido a la petición de la defensa de la infanta.