Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás, ha reiterado este lunes al juez que investiga la querella por un delito de injurias que interpuso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que su teléfono fue pinchado ilegalmente sin orden judicial y ha aportado una prueba que respalda su teoría.

Gómez Iglesias, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha presentado al titular del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, Diego de Egea, una grabación entre el comisario de asuntos internos, el juez instructor de la causa y varios agentes del CNI.

"A mí me lo han pinchado (el teléfono) sin orden judicial, porque no hay ningún auto que respalde ese pinchazo y sí tenemos una prueba que sustenta ese pinchazo", ha dicho Gómez Iglesias a los medios de comunicación tras salir del juzgado.

En la comparecencia, que apenas ha durado 25 minutos, el abogado del Estado se ha ratificado en la querella por la supuesta comisión de un delito de injurias graves a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por las declaraciones que hizo en diversos medios de comunicación, fundamentalmente en un programa de Telecinco, asegurando que había colaborado con los servicios secretos.

EL CNI NO RATIFICA LA QUERELLA

No obstante, Gómez Iglesias ha señalado que si bien el abogado del Estado ha ratificado la querella, no ha sido así con el CNI puesto que, en su opinión, nadie ha venido representando a esta institución. "Es el CNI quien me denuncia y si el querellante no ratifica la querella, que me diga un abogado qué ocurre", ha explicado, en alusión a un hipotético archivo de la causa.

El joven ha ratificado las declaraciones en las que aseguró haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles, que provocaron una sucesión de desmentidos por parte de CNI, Gobierno, Casa Real y Comunidad de Madrid, aunque ha precisado que nadie le ha preguntado si trabajó o no con el CNI.

Esta causa es diferente a la seguida también en relación con actuaciones de Francisco Nicolás por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.