No era difícil adivinar que la vivienda sería un tema prioritario para la alcaldesa Ada Colau, una presunción que ha quedado confirmada con la puesta en marcha de un primer paquete de medidas de carácter urgente que tienen como objetivo parar los desahucios por impago -se producen unos 2.000 al año en la capital catalana- e incrementar el parque público de alquilerdisponible para las familias que no pueden hacer frente a los precios del mercado libre.

Y aunque en muchas ocasiones la decisión o las competencias no están totalmente en manos del ayuntamiento, Colau ya ha avisado de que Barcelona utilizará “todos los mecanismos que estén a su alcance” para hacer frente a esta situación a través de “medidas de choque y un cambio de paradigma”.

Quizás la acción más directa es la que hace referencia a la convocatoria de una línea de ayudas para impedir que familias en situación de vulnerabilidad se vean abocadas fuera de su casa porque no pueden hacer frente a las cuotas de arrendamiento.

Y es que aunque muchas veces se suele asociar inmediatamente los desahucios a la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo cierto es que cerca del 90% corresponden a impagos del alquiler. Ante ello, el nuevo gobierno municipal ha decido ampliar la partida disponible para esta prestación social de 6 millones de euros a 7 millones para que las familias puedan permanecer en su hogares, incluso aquellas que no tienen ningún ingreso y que hasta ahora, paradójicamente, no podían solicitar estas ayudas (el límite era de 300 euros de ingresos mensuales).

Las prestaciones se pueden solicitar a través de las 10 Oficines de l’Habitatge de Barcelona repartidas por todos los distritos de la ciudad y se calcula que, gracias al incremento del presupuesto, se podrá apoyar a unas 1.600 unidades familiares con dificultades económicas.

“Es la primera vez que el ayuntamiento asume el 100% del pago de las ayudas”, comentó la alcaldesa en la rueda de prensa de presentación del paquete de medidas. En este sentido, hasta el momento este tipo de ayudas se impulsaban desde la Generalitat de Catalunya, que es la administración con competencia en esta materia.

DERECHO DE TANTEO

Además de esta medida que podrá ser efectiva más a corto plazo, el ayuntamiento se ha propuesto incrementar el número de pisos de alquiler social en Barcelona, y para ello contempla diversas estrategias complementarias.

En primer lugar, impulsa una modificación presupuestaria que permitirá destinar una partida de 3,5 millones a la compra de viviendas procedentes de ejecuciones inmobiliarias y a su rehabilitación para que pasen a formar parte del parque público de vivienda. El derecho de tanteo de estas viviendas corresponde a la Generalitat, que puede actuar por decisión propia o por petición de los ayuntamientos.

En el caso de Barcelona, el consistorio ya ha solicitado la ejecución de este derecho sobre siete viviendas, tres de ellas en Nou Barris, dos en Sant Andreu, uno en Horta-Guinardó y otro más en Sants-Montjuïc. Una vez estén en sus manos, se iniciará el proceso de remodelación para que puedan ser ocupadas cuanto antes por personas en riesgo de exclusión social.

ACUERDOS CON BANCOS

Otra fórmula para incrementar el parque social pasa por reconvertir aquellos pisos vacíos en manos de los bancos y la Sareb (fruto todavía de las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria) en viviendas sociales. Para ello, Colau ha iniciado conversaciones con las entidades para que pongan parte de sus pisos a disposición del alquiler social.

“Durante los primeros 100 días, este gobierno ha abierto el diálogo con las entidades financieras, los siguientes 100 días deben servir para cerrar acuerdos que se conviertan en pisos”, señalo la alcaldesa.

Al mismo tiempo, el ayuntamiento está ejerciendo su potestad sancionadora (aprobada durante el anterior mandato, pero paralizada) sobre aquellos bancos que mantienen viviendas vacías en zonas con una alta demanda de vivienda. Hasta el momento se han impuesto 12 multas coercitivas por valor de 5.000 euros.

Además, el consistorio barcelonés también se marca un objetivo más estructural: agilizar el ritmo de construcción de viviendas de protección oficial para volver a los volúmenes históricos de 1.000 viviendas iniciadas al año. Una cifra que en el 2012 bajó hasta las 300.

Ahora, el compromiso del gobierno municipal es disponer al final de mandato de 4.000 nuevas viviendas fruto de la recuperación de viviendas y sumarle otras 4.000 de nueva construcción.