Después de ayudarle a lograr la reelección, Ciudadanos ya está pensando en cómo empezar a distanciarse de Mariano Rajoy a fin de evitar convertirse en una muleta casi invisible del PP. Albert Rivera intentará rentabilizar el acuerdo de investidura de 150 puntos que firmó con el PP en agosto, y que incluyen medidas económicas, sociales, contra la corrupción y reformas institucionales, para presionar al presidente del Gobierno. El partido naranja quiere que el Gobierno central pase exámenes periódicos para analizar el grado de cumplimiento del pacto, según explica José Manuel Villegas, número dos de Rivera.
El formato todavía está por decidir. En Madrid, donde el PP gobierna gracias a otro acuerdo de investidura con Ciudadanos, esas revisiones son semestrales y a ellas ha acudido la propia presidenta, Cristina Cifuentes. En la última, en junio, justo cuando se celebraba un año del compromiso en esa autonomía, los dos partidos coincidieron en que habían cumplido 29 de los 76 puntos del documento y 41 estaban en fase de desarrollo. Un éxito, según ambas partes.
Villegas no descarta pedir que sea el propio Rajoy el que rinda cuentas a Rivera en una reunión cara a cara entre los dos, que sería una manera muy concreta para el dirigente catalán de demostrar y escenificar esa labor de “vigilancia” a la que el político catalán se comprometió en su discurso de investidura la semana pasada.
CONTROL EN EL CONGRESO
Mientras se acaba de decidir este sistema de evaluación, en Ciudadanos ya están engrasando el del Congreso, clave en esta legislatura con un Gobierno en minoría. Los hombres fuertes de Rivera en el hemiciclo, los diputados Juan Carlos Girauta y Miguel Gutiérrez, coordinarán a todos los portavoces en las comisiones, que se repartirán el marcaje a los nuevos ministros. Rajoy anunciará sus nombres el jueves por la tarde.
En el partido naranja han señalado por ahora cuatro áreas prioritarias para empezar a trabajar con el futuro Ejecutivo: la redacción de losPresupuestos Generales del 2017, medidas para proteger a los autónomos, la ley de educación e iniciativas para luchar contra la corrupción. En el primer asunto, el economista Luis Garicano, que no es diputado, dice que está esperando a que el nuevo ministro (o vicepresidente, si Rajoy se decide a crear esa figura) le telefonee para convocarle y darle toda la información actualizada. Según Villegas, Garicano estará en esas negociaciones acompañado de Toni Roldán y Francisco de la Torre, portavoces en las comisiones de Economía y Hacienda, respectivamente.
Los populares cuentan con que Ciudadanos apoyarán los Presupuestos del 2017, en los que es posible que haya que hacer un ajuste de 0,5 décimas del PIB, unos 5.500 millones de euros, para garantizar que el déficit del año próximo se sitúe en el 3,1%.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
El partido naranja incluyó en el pacto de agosto la reforma del impuesto de sociedades, con la que Garicano cree que se podrían recaudar 3.000 millones más solo el año próximo. La Comisión Europea lleva años reclamando una mayor tributación del IVA,pero el partido de Rivera mantiene por ahora su negativa a subir ese tributo.
En el Gobierno cruzan los dedos para que el crecimiento del PIB cierre 2016 a más del 3% y el “ciclo económico”, como dice el ministro Luis de Guindos, ayude a que el ajuste pueda ser menor, algo que ayudaría a granjearse los apoyos necesarios para aprobar las cuentas ya que con solo Ciudadanos (32 diputados) no es suficiente. El PP (137) ya mira a Coalición Canaria, el PNV y hasta al diputado de Nuevas Canarias, que se presentó a las elecciones de la mano del PSOE para alcanzar el número mágico de 176 escaños.
Ciudadanos también espera que se cumpla el pacto firmado y, en el primer mes, se presenten una serie de medidas urgentes para reducir las cargas administrativas y mejorar la protección social de los autónomos.
LA LEY DE EDUCACIÓN
El acuerdo sellado entre Rivera y Rajoy señala que en el primer mes de Gobierno se constituirá una subcomisión parlamentaria para alcanzar un consenso sobre la ley de educación en el plazo de seis meses. El líder del PP ya mostró en el debate de investidura que está por la labor, al anunciar la suspensión de los efectos académicos de las reválidas hasta que se alcance el acuerdo. El presidente, sin embargo, advirtió de que está dispuesto a hacer modificaciones, pero que en ningún caso derogará la normativa actual.
Por último, el capítulo más vistoso con el que Rivera quiere que se visualice su marcaje a Rajoy, a ese al que dijo en la campaña electoral de junio que nunca apoyaría, es la corrupción. En el documento de 150 medidas hay un capítulo dedicado a la transparencia, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El artículo 98 señala que se impulsará la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, que permita “esclarecer las responsabilidades políticas”. Ciudadanos también se aseguró que se abriría el debate sobre la reforma de la ley electoral, para estudiar la mejora de la proporcionalidad y la elección directa de los alcaldes.
