El despido de Luis Bárcenas del PP lleva camino de convertirse en un culebrón. El último episodio lo ha protagonizado la Audiencia Provincial de Madrid que ha reabierto la causa penal en la que se investigaba si se había producido falsedad documental y estafa procesal en el cese de la vinculación laboral del extesorero con el partido que preside Mariano Rajoy.

La Sección Segunda de la Audiencia ha revocado el archivo acordado en mayo y ha ordenado continuar la instrucción hasta determinar si hubo o no infracción penal. Lo ha hecho al estimar el recurso presentado por el propio Bárcenas, que deberá declarar como testigo, según adelanta la resolución. En esta causa están investigados la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, el responsable de los servicios jurídico del partido, Alberto Durán, y la jefa de personal, Milagros Puentes.

Bárcenas acusó a esta última de mentir ante notario sobre su despido después de que Puentes negara en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010, en la que el extesorero solicitaba el reingreso en el partido. Una pericial caligráfica ordenada por el juez desmintió la versión de la empleada del PP y apuntó a que la letra que figuraba en el documento era suya, informa Europa Press.

La Audiencia considera "improcedente el sobreseimiento de la causa, porque supone considerar que lo relacionado con el despido no pertenece a la esfera penal, lo que resulta "contradictorio" con el criterio del instructor del caso, el juez Arturo Zamarriego, que cuando abrió el procedimiento dijo que los hechos denunciados "presentaban características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". La Audiencia se basa en la documental aportada y en la pericial que realizó Puentes para concluir que la empleada cayó en "contradicción".

El pasado mes de marzo el magistrado instructor suspendió la declaración de Navarro y de Durán que estaba prevista en calidad de investigados. Ambos tenían que aclarar si el PP tuvo o no conocimiento de que el extesorero había solicitado su reingreso a través de una carta que recibió presuntamente Puentes, pero recurrieron la citación alegando que no habían participado en los hechos y que además no eran constitutivos de delito.

En julio de 2014, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid desestimó la demanda por despido improcedente presentada por Bárcenas y por la que le reclamaba al PP 900.000 euros. Su versión, que ha mantenido en el juicio del 'caso Gürtel', era que el despido se realizó en enero de 2013, y no en abril 2010 como afirmaba la formación que preside Mariano Rajoy.