El PP lleva meses dándole vueltas a cómo poner coto a la acusación popular, especialmente después de que el PSOE lograba que los tribunales imputaran a Jose Antonio Sánchez, que se vio obligado a dimitir como presidente de Murcia después de que Ciudadanos le retirara su apoyo precisamente por la investigación judicial. Pero el hecho de que la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE), que los populares vinculan sin género de dudas a los socialistas, haya conseguido que el tribunal que enjuicia la primera etapa del 'casoGürtel' haya citado a declarar a Mariano Rajoy les ha convencido aún más de la necesidad de reformar esta figura jurídica.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha confirmado este miércoles que su partido está "estudiando" la manera de establecer "límites" a la acusación popular, que no pueden finiquitar de golpe porque es una figura reconocida en la Constitución. Los conservadores buscan impedir que los partidos puedan usar este instrumento para perseguir en los tribunales a sus adversarios políticos. "No tenemos una decisión firme pero el debate se tiene que producir", ha añadido el dirigente, en una entrevista en Onda Cero.

En este sentido, ha incidido en que "todo el mundo sabe" que la ADADE está controlada por el PSOE, que pretende "usar la justicia para dañar al PP". En su opinión, esta asociación no busca conocer "la verdad" sobre la financiación de la formación sino hacer un "daño político".

Para mermar el impacto, Rajoy podría testificar mediantevideoconferencia. A este respecto, Maillo ha asegurado que el presidente aún no ha "valorado" como comparecerá y ha asegurado que hará "lo que decida le tribunal".

Aún así, ha subrayado que será una "testifical fallida" puesto que, en su opìnión, el líder del PP no tiene "nada nuevo que aportar" a los hechos que se juzgan: las campañas de 2003 en Pozuelo y Majadahonda.