Nuevo revés para los nuevos estatutos de Podemos, aprobados por la cúpula del partido en julio e impugnados por el tribunal interno, la Comisión de Garantías Estatal. Los Anticapitalistas consideran que esa normativa es inválida porque añade artículos que no fueron votados por las bases en la asamblea ciudadana, Vistalegre 2. Es la misma denuncia que hace el dictamen aprobado por la Comisión de Garantías el pasado 28 de julio, que impugnó los nuevos estatutos, y tras el cual se abrió expediente a su presidenta, Olga Jiménez.

En este mes y medio, los miembros del órgano estatal y también representantes de 11 autonomías habían denunciado en relativa soledad lo que consideran una injerencia del poder ejecutivo de Podemos, controlado por el sector pablista. El comunicado de Anticapitalistas es el primer respaldo oficial a los jueces morados.

NO COINCIDEN CON LO VOTADO

“Los estatutos actuales no coinciden con los documentos aprobados incluyendo elementos nuevos y reforzando un modelo de partido más centralizado y menos garantista”, explica Raúl Camargo, diputado en la Asamblea de Madrid. Su posicionamiento es relevante simbólicamente puesto que la familia Anticapitalista tiene, tras Vistalegre 2, un lugar en la ejecutiva que ocupa su líder, el eurodiputado Miguel Urbán.

Los Anticapitalistas muestran su apoyo explícito a los miembros de garantías que denuncian el “golpe” del secretario de Organización, Pablo Echenique. “Coincidimos en quienes plantean desde Garantías que los estatutos no son válidos, deben presentarse unos documentos acordes con las decisiones de la asamblea ciudadana y aprobarse en los espacios pertinentes”, defiende Camargo.

El conflicto por unos estatutos que incorporan medidas no votadas como sancionar a quienes filtren información del partido ha generado un pulso de poder interno.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

Tras abrir expediente a la presidenta de la Comisión de Garantías, tres de sus miembros (considerados afines al pablismo) autoconstituyeron una nueva comisión y se autonombraron. La dirección les reconoce como legítimos. La Comisión de Garantías original (la votada por los inscritos) ha expulsado a uno de esos tres miembros, Isabel Serrano, porque no cumplía los requisitos para salir elegida. El autonombrado nuevo presidente, Argiro Giraldo, ha sido denunciado por el círculo que le avaló, San Martín de Valdeiglesias (Madrid) por manipular documentos y conducta reprobable. EL PERIÓDICO adelantó este miércoles esta información.

Pocas horas después, la autoconstituida nueva comisión se reunió y este jueves ha hecho público un comunicado en el que deslegitima a los miembros elegidos por las bases y se niega a aceptar los resultados de su pleno al considerar "inexistentes e ilegales todas las acusaciones, instrucciones, nombramientos o comunicación en nombre de la Comisión de Garantías Estatal hubiere realizado la sispendida Olga Jiménez".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha alineado con la nueva comisión de garantías en una entrevista en la Cadena SER.

Los nuevos estatutos y las "anomalías" en el expediente a la presidenta de la Comisión de Garantías Estatal han sido demandados ante la justicia ordinaria por la corriente Profundización Democrática