¿Qué puede pasar tras la detención en Alemania de Carles Puigdemont? Según figura en los acuerdos europeos, los países que comparten el espacio Schengen también comparten una responsabilidad en la ejecución de solicitudes de asistencia judicial internacional. Así, con la orden europea de detención y entrega emitida por el magistrado Pablo Llarena, la justicia alemana puede arrestar preventivamente a Puigdemont para evitar su fuga y estudiar el caso para entregarlo a las autoridades españolas.
Pero para que esta extradición pueda efectuarse ambos países deben compartir el mismo delito en su Código Penal. A diferencia de Bélgica, la ley alemana apunta a penas de entre 10 años de prisión a cadena perpetua en los casos de «alta traición» -muy similar al delito de rebelión español- que pretendan «socavar la existencia continuada de la República Federal de Alemania por la fuerza o por la amenaza de la fuerza», un supuesto violento que Llarena ha incluido en su auto contra los antiguos responsables del Ejecutivo catalán y líderes del movimiento independentista.
Sin embargo, la legislación alemana también prevé supuestos «menos graves» en los que no se menciona el uso de violencia o la fuerza. En este caso, las sentencias pueden variar entre uno y diez años de cárcel cuando la «alta traición» se perpetra contra el Estado federal o entre seis meses y cinco años cuando afecta a uno de los 16 estados federados. El procesamiento por delito de rebelión es inédito en la historia moderna de Alemania.
Defensa activada
Consciente de ello, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, anunció ayer que «la defensa jurídica» ya estaba «activada» y que se pondría en contacto con abogados alemanes para que asistieran jurídicamente al expresidente catalán.
Alemania es uno de los países más activos en los procesos de cooperación judicial. Así, en el año 2015 la primera potencia económica del continente detuvo a 1.635 personas en cumplimiento de euroórdenes emitidas por otros estados comunitarios, de las cuales 1.283 (78%) fueron extraditadas. En esos casos la justicia alemana tardó en realizar la entrega una media de 15 días en aquellos en los que el detenido consintió su extradición y de 47 días en los que se antepuso un recurso. Tan solo 198 de esas peticiones fueron rechazadas.
A pesar de ese historial de colaboración, en el 2005 Alemania y España vivieron un fuerte rifirrafe judicial cuando el Tribunal Constitucional alemán rechazó la euroorden española para entregar al sirio-alemán Mamoun Darkazanli, acusado de ser una pieza clave de Al Qaeda en los atentados del 11-M.
Por su parte, en el 2015 Bélgica entregó a 22 personas y rechazó la extradición de otras 17. Tras conocerse la orden de Pablo Llarena, el abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, defendió que Bélgica rechazaría esa nueva euroorden contra el expresidente catalán y los otros tres consejeros que todavía se encuentran en Bruselas (Clara Ponsatí está en Escocia): Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.
Aunque según fija la normativa europea tan solo las autoridades judiciales deben mediar en caso de una euroorden, también se contempla que los gobiernos de los países implicados puedan prestar asistencia técnica. La sintonía entre el recién elegido Gobierno de la cancillera Angela Merkel y el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy, su principal aliado en el sur de Europa, asegura una mejor cooperación diplomática. Habrá que ver qué papel juega eso en el caso.
