Era una de las declaraciones más esperadas y no ha defraudado. El teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial al frente de toda la investigación del procés, dio el titular nada más sentarse ante el tribunal. Uno de esos difíciles de ser sustituidos. Sostuvo, y con una insistencia que enervó a las defensas, que en Cataluña se vivió un «clima insurreccional» entre el 19 y el 20 de septiembre del 2017, con los registros de Unipost y los arrestos de la operación Anubis, y la aplicación del 155 el 28 de octubre.
El testigo, que negó ser el «Tácito» de Twitter, muy crítico con el independentismo que las defensas le atribuyen, explicó que se produjo «un antes y un después» tras la operación del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, porque hasta entonces sus investigaciones sobre el 1-O se entendían de «poca entidad para impedir el referéndum». El cambio se produjo al intervenir «todas las cartas que se iban a enviar al electorado» y cuando el operativo del día 20 se evita que «fuera conocido con antelación», no comunicándoselo a los Mossos hasta 10 minutos antes, porque en otro caso «las pruebas habrían sido difícilmente obtenibles».
Ahí «se incrementaron las movilizaciones» y por «el número de acciones y la tensión» el clima se transformó en «claramente insurreccional». Como «constatación» de sus palabras citó 88 acciones contra la Guardia Civil, de las que solo dos fueron anteriores al 20-S y otras dos posteriores al 155. Pese a su contundencia, a preguntas de la defensa de Joaquim Forn, Javier Melero, admitió que no hubo detención alguna por ese clima. Cuando Ana Bernaola, en nombre del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, volvió a insistir en ello, el testigo ya estaba preparado y dijo que a veces «el mal provocado puede ser mayor que el que se trata de evitar». Antes ya había explicado: «Aquellos días eran un polvorín. Los policías con un mínimo de responsabilidad sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable. Afortunadamente no fue así, pero es incuestionable que teníamos esa sensación».
Repitió tanto lo de «periodo insurreccional» que Melero preguntó por su conveniencia. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, respondió que el testigo hablaba de lo que vio con independencia de su mayor o menor acierto con la terminología. «El concepto insurreccional no es jurídico y a la Sala no le va a condicionar», dijo. Y Marina Roig se quejó de que Baena hablara de «escraches» contra casas cuartel y la fiscala de «asedios»; el testigo terminó asimilando ambos términos y cifró en 47 los sufridos contra viviendas de guardias. Los 193 cortes de carretera que cifró fueron en el 155.
El teniente coronel, que comenzó a investigar el proceso independentista en el 2015 por orden del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, uno de los fiscales de la causa del procés, negó haber investigado «programas políticos» o haber ido «buscando sediciosos», sino «a personas que hacen cosas», que pueden ser delito, como destinar dinero público a actividades prohibidas por el Constitucional.
CONFIRMAR LO INVESTIGADO / A través de las distintas diligencias en las que ha actuado, Baena llegó a la conclusión de que «el referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba todo el proceso, la condición sine qua non para poner al Estado en situación de conflicto». Y ahí situó el documento Enfocats y la agenda moleskine del exnúmero dos de Economí Josep Maria Jové. Para el jefe de la Guardia no fueron un inicio más, sino «la ratificación de la investigación» iniciada en 2016. Añadió que se quedaron «ciegos de comprobar» cómo coincidían los hechos con lo reflejado en los documentos.
Cuando la abogada Ana Bernaola, en representación de Sànchez, trató «de someter a juicio el atestado», porque, explicó, llevó a prisión a su cliente, Marchena le señaló que estaba desarrollando «un esfuerzo estéril. Este juicio empieza con los escritos de acusación y el atestado no vinculará al tribunal salvo en los hechos», zanjó el magistrado.
