La sentencia del procés cayó sobre la vida cotidiana catalana con el estruendo previsto. Las previsiones acertaron: para el Tribunal Supremo, lo que sucedió en el convulso otoño del 2017 tiene un nombre, y es sedición. Las penas a nueve líderes independentistas provocaron protestas en las calles y el aeropuerto de El Prat, y las reacciones políticas estuvieron muy condicionadas por la inminencia de las elecciones generales. Los condenados resumieron su indignación en una frase: "No es justicia, es venganza".

Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberaciones, el Supremo sostiene que en Cataluña se produjo hace dos años un "alzamiento público y tumultuario" que, sin embargo, no tenía opciones de alumbrar un Estado independiente. Sus impulsores, sostienen por unanimidad Manuel Marchena y los otros seis magistrados, sabían que eso era imposible, y buscaban en realidad una negociación con el Estado.

Pese a todo, Oriol Junqueras y los otros ocho condenados afrontan penas que van desde los nueve años de los Jordis a los 13 del líder de ERC; condenas que podrían verse matizadas en el futuro por beneficios penitenciarios. A cuatro de ellos se les atribuye también malversación, por los gastos del referéndum, y a los tres acusados que se hallaban en libertad Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs solo se les culpa de desobediencia y esquivarán la cárcel.

Nueva euroorden contra Puigdemont

Junqueras, vicepresidente de la Generalitat durante los hechos del 2017, se lleva la peor parte en ausencia de Carles Puigdemont. Sin embargo, este mismo lunes se reactivó la orden internacional de detención contra el expresidente catalán huido.

El Supremo abraza las tesis de la Abogacía del Estado y descarta las de la Fiscalía, que defendió hasta el último momento que los acusados eran culpables de rebelión. Aunque los jueces dedican más espacio a subrayar la defensa de las garantías de los procesados pensando en que el caso acabará en los tribunales europeos, quizás la parte de más enjundia de la sentencia es la que se ocupa de la violencia. Existió, pero no fue suficiente "para imponer de hecho" la independencia, asegura el fallo.

"Mera exhibición" del BOE

Bastó con "la mera exhibición de unas páginas del BOE que publicaban la aplicación del artículo 155" para acabar con el plan secesionista, añade el Supremo.

La sentencia abre una nueva etapa política, pero este lunes no era el mejor día para captar sus líneas maestras. Fue una jornada de decepción y cólera para los independentistas, y de preocupación para los líderes de los principales partidos españoles. Se atisbaron, sin embargo, algunas señales de lo que puede llegar a partir de ahora.

Nada más conocerse el veredicto se produjo la primera toma de posiciones. El Gobierno se pronunció incluso antes, con un vídeo preventivo destinado al público internacional que subraya que España es un país democrático; la Generalitat, con una indignación que evitó el desacato; y el soberanismo menos sosegado, cortando carreteras y concentrándose de forma masiva en el aeropuerto de Barcelona.

"Íntegro cumplimiento"

A menos de un mes para las elecciones generales, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje a quienes le acusan de estar pensando en los indultos, como los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera. El candidato del PSOE subrayó en una declaración institucional que el Ejecutivo garantiza el "íntegro cumplimiento" de la sentencia. Sus rivales no se dieron por satisfechos con la expresión. Mientras, Pablo Iglesias (Podemos) destacó el consenso del Supremo en que no hubo rebelión, aunque también aseguró que "todo el mundo" debe asumir y respetar el fallo.

Quim Torra, en cambio, expresó su "rechazo" a la sentencia y se sumó a los tesis de los condenados de que el Estado buscaba "venganza" en vez de justicia. Además, el presidente de la Generalitat pidió reuniones con el Rey y con Pedro Sánchez.

Mensaje de Guardiola

Desde poco antes de las 9.30 de la mañana, cuando se conoció el contenido del fallo del Supremo, la plataforma de agitación Tsunami Democràtic probó que, al menos de momento, es capaz de movilizar a un gran número de personas dispuestas a colapsar las infraestructuras. También reclutó a Pep Guardiola, que en un mensaje de vídeo tildó la sentencia de "ataque directo a los derechos humanos".

La circulación se interrumpió intermitentemente en calles de Barcelona y en las principales vías de acceso a la capital catalana. En algunos momentos también se suspendió el tráfico de trenes. Sin embargo, el principal punto de tensión estuvo en el aeropuerto de El Prat, hacia donde miles de manifestantes se desplazaron por todos los medios coche, ferrocarril, moto, bicicleta, incluso a pie como respuesta a un llamamiento del Tsunami Democràtic de clara inspiración hongkonesa.

Cargas en el aeropuerto

Allí hubo cargas policiales de los Mossos y de la Policía Nacional que terminaron con decenas de heridos, y se cancelaron más de un centenar de vuelos. La misma plataforma, que convoca sus actos por redes sociales y que recibe el apoyo de los partidos soberanistas, afirmó por la tarde que 1.200 vehículos se habían desplazado al aeropuerto de Barajas para colapsarlo, pero la Guardia Civil aseguraba que había "total normalidad" en los accesos.

En Vía Laietana, en el corazón de la ciudad condal, manifestantes independentistas mostraron su rechazo a la sentencia en el entorno de la comisaría de la Policía Nacional. También en este punto de la capital catalana se vivieron momentos de tensión y cargas policiales.

En toda Cataluña se produjeron además, al final de la tarde, grandes concentraciones de protesta. En los próximos días se comprobará su persistencia.