El último punto del texto pactado por JxCat, ERC y CUP insta al ‘Govern’ a «promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales» que considere necesarias «en el ámbito nacional, estatal e internacional para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado».
La resolución, que «rechaza» la sentencia contra los líderes del ‘procés’, dedica una mención especial a Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán. Tilda de «escándalo democrático» su condena a once años y medio de cárcel por «permitir que en el ‘Parlament’ se pudiera hablar de todo».
En el mismo punto, el texto continúa afirmando que no se puede censurar a los diputados «ante las coacciones de los poderes del Estado para limitar los temas de debate». Por eso reitera la reprobación de la Monarquía que la Cámara aprobó en octubre del 2018, y que el Constitucional anuló en julio.
En el punto 11, el más polémico de toda la propuesta de resolución, puede leerse que «reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados y las diputadas [...] la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político».
