La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha publicado en redes sociales parte de sus antiguos expedientes académicos de su etapa de estudiante de Arquitectura y ha presumido de sacar sobresalientes y matrículas de honor en alguna de las asignaturas, como la denominada 'Proyectos'.

Lo ha hecho tras las informaciones publicadas por el diario 'El País' que apunta a varios casos de presuntas irregularidades de su estudio de arquitectura en la compraventa de varios lofts en la capital. También apuntaba que firmó trabajos de arquitectura antes de tener el título y sin estar colegiada.

"Pues no se me había ocurrido sacar mis antiguos expedientes académicos... pero ya que estamos, ahí van. Sobresalientes y matrículas de honor en las asignaturas de proyectos hasta el final", ha aseverado la parlamentaria en su comentario en Twitter, que acompaña con la etiqueta '#FakeNews'.

En la certificación académica aparece una relación de asignaturas donde aparece con matrícula de honor la disciplina 'Proyectos I' mientras que 'Proyectos II' obtiene sobresalientes. También figura otra asignatura 'Análisis de Formas Arquitectónicas' con matrícula de honor junto a una serie de materias que van desde la calificación de aprobado, notable junto a otras con sobresaliente.

QUEJAS CONTRA LOS MEDIOS

Ayer, en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, lamentó que algunos medios de comunicación están "obsesionados" con ella y ha especificado que fue colegiada como arquitecta en el año 2009, al tiempo que ha insistido en que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados.

"Por ahí circulan fake news; yo soy arquitecta colegiada en el 2009 y he visto que algunos medios están obsesionados conmigo. En 2003 no era colegiada, soy del 2009 pero cuando quieran entramos en qué se necesita visado y qué no en determinadas obras", zanjó.

Por otro lado, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo solicitará a la decana del Colegio de Arquitectos, en calidad de arquitecto colegiado, que inste a la comisión deontológica a que "investigue las presuntas irregularidades/ilegalidades que haya podido ejercer la señora Monasterio en su ejercicio (no) profesional".

NUEVAS ACUSACIONES

Por otro lado, Monasterio ha defendido este miércoles la legalidad de la reforma que hizo de un 'loft' en el 2006 tras haberlo vendido a una particular su marido, el también líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una nueva operación cuestionada por presuntas irregularidades.

'El País' publica una información este miércoles donde cita el testimonio de la compradora del inmueble, que "se siente engañada" porque cuenta que era un 'loft' en suelo industrial y le aseguraron que se podía convertir en residencial, "algo que nunca ocurrió".

El periódico adjunta una solicitud al Ayuntamiento de Madrid en la que Monasterio pide el cambio de uso de suelo industrial a vivienda de este antiguo taller, situado en la calle Amalia, en Tetuán.

Esta información se une a las publicadas en los últimos días por 'El País' y 'eldiario.es' referidas a sendos proyectos firmados por Monasterio en 2003 y 2004, etapa en la que, según ha admitido la propia portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, aún no tenía la titulación de arquitecta.

CONTRATOS EN TWITTER

Monasterio ha colgado en Twitter las imágenes de los dos contratos que, según ella, avalan la validez de la nueva operación de la que ha informado 'El País': el de la venta del "local industrial" entre Espinosa de los Monteros y la particular y otro, entre ésta y Monasterio, para un servicio de interiorismo.

"No se puede manipular la realidad, que es sencilla, como se comprueba con los contratos. La clienta compra un local industrial y contrata a una empresa para hacer interiorismo. Luego si la clienta tiene diferencias con un vecino de patio o problemas médicos, no debería ser utilizada para manipular una noticia", ha escrito Monasterio.

Además, Monasterio y Espinosa de los Monteros han tenido que cerrar hace apenas un mes el despacho de arquitectura que la actual portavoz tenía en el sótano de su chalet, antes de que el Ayuntamiento de Madrid ejecutase una orden de clausura del conjunto de la vivienda por no tener licencia de funcionamiento de esta actividad ni licencia de primera ocupación.