Argelia se adjudicó unilateralmente aguas de la isla de Cabrera (Baleares) en abril del 2018, pero hasta ahora el Gobierno balear no lo había detectado. El país africano amplió entonces sus aguas territoriales, llegando a ocupar mínimamente el Parque Nacional de Cabrera, al sur de Mallorca. España presentó hace ya dos años su oposición a esta decisión, pero todavía no ha comenzado una negociación entre los dos países.

La noticia trascendió después de que el pasado martes una diputada del PP balear, Virginia Marí, preguntara al Govern autonómico sobre las medidas que iba a llevar a cabo ante esa ampliación de las aguas jurisdiccionales de Argelia. Afirmó que esa decisión comporta «amenazas» tanto para el sector pesquero español como por la posibilidad de que se hagan prospecciones petrolíferas en aguas cercanas, a pesar del «grandísimo esfuerzo» llevado a cabo por el conjunto de los ibicencos para frenar estas actuaciones. Las prospecciones de hidrocarburos podrían ser el motivo de la decisión de Argelia de expandir sus aguas jurisdiccionales en el Mediterráneo.

DIFERENCIAS CON MARRUECOS / La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, respondió ayer que hace ya dos años que España presentó su oposición a la norma aprobada por Argelia. La ministra hizo alusión a la voluntad de Marruecos de ampliar su área de jurisdicción marítima -que podría solaparse con las aguas españolas de Canarias- para explicar las diferencias entre los dos casos. Las voluntad marroquí es solo la de «delimitar las aguas», dijo González Laya, mientras que el decreto argelino de hace dos años incluye ya «su visión de cómo deberían delimitarse esas aguas», y por eso España comunicó su oposición.

Cuando las aguas de dos países se solapan, la Convención del Derecho del Mar establece que «las dos partes tienen que negociar, pero esa cuestión todavía no ha comenzado», detalló la jefa de la diplomacia española. «Hay una pretensión y se responde con otra», explicó.

La ministra de Asuntos Exteriores había respondido ayer mismo a una interpelación parlamentaria de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas sobre las leyes marroquís de delimitación de aguas.

La Convención del Derecho del Mar otorga a los Estados un mar territorial de 12 millas y permite declarar una zona económica exclusiva (ZEE), con su correspondiente plataforma continental, de hasta 200 millas, pero establece que, entre países adyacentes o situados frente a frente, cuando haya solapamientos la frontera marítima debe establecerse de mutuo acuerdo.

España tiene frontera marítima con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Argelia y casi ninguna de ellas está delimitada oficialmente, reconoció ayer González Laya en el Congreso. Con Marruecos, España tiene espacios marítimos superpuestos en tres áreas, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el corredor entre Canarias y la fachada atlántica de Marruecos, y en ninguno de ellos existe una delimitación oficial.