L a pandemia de coronavirus ha condicionado el verano más de lo previsible. La llegada del calor a España no se ha llevado al virus, como se ansiaba, sino que ha traído preocupantes rebrotes por toda la geografía y unas perspectivas sanitarias, sociales, políticas y económicas cuanto menos, inquietantes. Buena parte de Europa, esa Europa que acaba de alcanzar un pacto histórico para evitar que una de las crisis más graves que ha sufrido en las últimas décadas se le vaya de las manos, tiene malos datos sobre contagios. Pero en un país como este, cuya dependencia económica del turismo y del periodo estival es enorme, la situación se hace especialmente indigesta. Para los ciudadanos y para quienes tienen que gestionarla.
La clase dirigente tendrá un final de curso movido. Tenso. En todos los niveles de la Administración, porque aquí no se libra nadie. El presidente Pedro Sánchez tiene por delante siete días trepidantes: a las gestiones que se están haciendo desde su gabinete para tratar de convencer al Reino Unido de que suavice su polémica medida de someter a cuarentena a todo el que llegue de viaje desde suelo español -todo un dardo para el ya maltrecho sector turístico-, se suman las medidas que ha de seguir adoptando para contener el tsunami que está viviendo el sector empresarial.
Así, mañana está previsto que el Consejo de ministros ponga en marcha otra línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación. Esta nueva línea de créditos estaría destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. En la senda, precisamente, de las directrices acordadas recientemente en el seno de Unión.
Pero hay más. Sánchez tendrá que comparecer el miércoles en el Congreso para dar cuenta -y sacar pecho- del acuerdo alcanzado en Bruselas. La oposición, por lo visto y oído en las últimas semanas, no le esperará precisamente para darle aplausos, como sí ha hecho ya reiteradamente su equipo y el grupo socialista. Este será un primer paso para explicar las condiciones de los fondos europeos y plantear su impacto en los futuros Presupuestos que el Gobierno pretende presentar a finales de septiembre o principios del mes de octubre.
De las palabras de Sánchez sobre las nuevas cuentas públicas dependerá el rumbo de las futuras negociaciones que, la semana pasada, ya empezaron a coger vuelo. El apoyo de Cs -bastante deseado por parte del sector socialista del Ejecutivo- está condicionado a unos presupuestos que vayan en la dirección marcada por Europa y sin la impronta de Podemos.
El líder de los morados y vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, veta esta vía. Pero sus socios en el Ejecutivo ven en los 10 escaños de Inés Arrimadas la posibilidad de abaratar las exigencias de ERC que, ayer mismo, pidió al Gobierno profundizar en la mesa de diálogo con Cataluña antes de encarar la negociación de presupuestaria, que podría coincidir con una segunda ola pandémica, garantizando un más difícil todavía .
Los dirigentes populares llegarán a la cita, además, con un camino marcado por su líder, Pablo Casado, que insiste en recuperar el mando único, pero sin entrar en estado de alarma.
El presidente del Partido Popular cargó el pasado sábado por la pésima gestión de la crisis por parte del Gobierno y anunció que a lo largo de la semana presentará un plan alternativo jurídico al estado de alarma que implicará ciertas reformas legislativas que podrían realizarse en apenas 15 días.
Ayer, la vicesecretaria de la Sectorial conservadora, Elvira Rodríguez, también señaló que la actual situación demanda una bajada «temporal» del IVA de la hostelería, mayor «flexiseguridad» laboral pactada y reducir el gasto superfluo para «sanear» las cuentas del Estado. H
