El exdirector general de RTVV Pedro García Gimeno cumplió su compromiso con la Fiscalía Anticorrupción y en su turno de última palabra mostró su "profundo arrepentimiento" y "perdón a la sociedad", así como a las personas afectadas por su responsabilidad, tras admitir todas las corruptelas e irregularidades que rodearon la visita del Papa a Valencia en 2006 para adjudicar lo que se necesitaba a la trama Gürtel.
García Gimeno, según adelantó la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás, vio así cómo la petición de 40 años de cárcel del ministerio público quedaba reducida a siete años y dos meses. El exdirector general de RTVV, para el que al empezar el juicio se pedía la pena más alta, sostuvo que desde la televión pública se contrataron pantallas y la seguridad. Para cobrar comisiones se firmó un convenio que para el Quinto Encuentro de la Juventud "no hacía falta alguna" y "era nulo de pleno derecho" y que los empleados de la televisión que lo hicieron actuaron "bajo su responsabilidad"
El acusado, que admitió haber recibido prendas de vestir por 3.500 euros, calificó lo que hizo de "error" y anunció su firme voluntad de resarcir el daño cometido. Pidió perdón a la sociedad y a aquellas personas que se han visto perjudicadas por su responsabilidad. Uno de ellos pidió justo a continuación al tribunal que esa confesión podía haber llegado antes, porque él "ha perdido ocho años de su vida". Cuando terminó de hablar, el juicio quedó visto para sentencia.
Tres millones en comisiones
Anticorrupción, que pidió al tribunal que deduzca testimonio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por mentir en el juicio, argumenta que se vulneraron las normas de contratación pública para repartirse más de tres millones de euros con los miembros de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo. Pera este pedía 18 años de cárcel y finalmente la petición se ha reducido a un año y siete meses. También llegó a conformidad Pérez, para que el pedía 37 años y tres meses y finalmente solicitó 10 años y cuatro meses.
Las defensas de los acusados que no se han conformado han utilizado sus informes finales por advertir al tribunal de los riesgos, incluso de no decir la verdad, cuando la fiscalía les pide una pena muy alta de cárcel y, a cambio de conformarse, se la rebaja sensiblemente, consideraciones que los abogados confían que el tribunal tenga en cuenta, porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para condenar. Incluso alguno de los conformados pidió su absolución para no castigarlos por el asesoramiento de sus letrados.
