La Fiscalía de Madrid ha remitido al juez que investiga la gestión de Podemos un escrito en el que, como ya hizo en octubre, sostiene que "no existen indicios" de financiación irregular por parte de Podemos, pero pide que se mantenga al partido como investigado porque es más garantista para la formación, según informa Efe.

En el escrito, fechado el pasado 2 de diciembre y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal encargada de la causa se pronuncia así sobre la solicitud hecha por el partido a finales de noviembre, cuando pidió que se revocara su condición de investigado al no constar "indicio alguno" de financiación ilegal, y pidió el archivo definitivo de la causa en lo referido a la formación morada.

Podemos hizo esta petición tras la declaración como imputados de varios dirigentes del partido, entre ellos el responsable de comunicación, Juanma del Olmo, y el de finanzas, Daniel de Frutos, que defendieron la legalidad del contrato suscrito por Podemos con la consultora Neurona de cara a las elecciones de abril de 2019, que es el asunto que centra la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Garantista

Antes de estas declaraciones, el 21 de octubre, la Fiscalía mantuvo que no hay indicios de que Podemos cometiera un delito de financiación irregular como denunció el exabogado de la formación José Manuel Calvente, pero propuso mantener al partido como investigado en la causa porque "resulta más garantista para el mismo", desestimando así el recurso interpuesto por el partido para que se archivase la causa.

Ahora la Fiscalía mantiene esos mismos argumentos y reitera que aunque "de las diligencias practicadas por el momento, no existen indicios de esa presunta financiación irregular", entiende que "atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".

"Es decir, la tipificación inicial no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar su derecho del peticionario", añade la Fiscalía, que incide en que si Podemos no tiene la condición de investigado "mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento".

En el escrito la fiscal recuerda que "los únicos hechos respecto de los que existen indicios racionales de delito son los referidos a la contratación con la mercantil Neurona" para las elecciones de 2019, por los que Podemos habría pagado 363.000 euros, y que, como señaló el Tribunal de Cuentas, podrían suponer un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.

Y destaca que ninguno de estos dos delitos pueden ser cometidos por una persona jurídica, más aún en el caso del delito electoral, que solo puede ser cometido por los administradores generales.

Así detalla que el motivo de atribuir a Podemos la condición de investigado es que los hechos son susceptibles de ser incardinados en el delito de financiación irregular de los partidos políticos.