Una de las promesas de la anterior legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez fue que revocaría la reforma de la justicia universal que el PP había hecho y que supuso limitar extraordinariamente la persecución en España de los crímenes contra la humanidad. El entonces ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, creó una comisión de expertos para abordar la vuelta a la situación legislativa anterior. Nunca ocurrió y ahora esa norma es a la que apela el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, para oponerse a la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la familia del periodista José Couso. Con ella se intenta abrir la causa en la que se investigaba su muerte, como consecuencia del impacto de un misil estadounidense contra el hotel Palestina, en el que se alojaba la prensa internacional durante la entrada del ejército de Estados Unidos en Bagdad.

No es el primer revés que la familia recibe del Ejecutivo, que ya se opuso a indemnizarla con 182.000 euros como había ordenado la Audiencia Nacional, pero ahora el informe, de 59 páginas y al que ha tenido acceso este diario, se presenta ante Europa. La Audiencia entendió que procedía la indemnización porque España no inició el procedimiento previsto para proteger a uno de sus nacionales, después que en 2016 el Tribunal Supremo declarara que la muerte del periodista de Telecinco constituyó un ilícito internacional.

Como la demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses, el Estado debió ejercer su protección diplomática, a través de la "aplicación del derecho internacional, en virtud del cual un Estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último cese en el comportamiento ilícito cometido (...) y, en su caso, repare el daño causado por su conducta constitutiva de ilícito internacional".

En sus alegaciones a la demanda presentada por la familia ante el TEDH, la Abogacía del Estado defiende que "no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España" y se remite a la reforma del PP de 2014 para justificar que la justicia española haya procedido al archivo de la causa abierta, ante la imposibilidad de que los militares estadounidenses estén a disposición de la justicia española para poder responder por el ataque al hotel en el que murió el periodista español y varios resultaron heridos.