La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado definitivamente la investigación por malversación, entre otros delitos, por la organización de la visita del papa a Valencia en julio de 2006. Los magistrados no ven delito en la actuación de los responsables de la Fundación V encuentro mundial de las familias (Fvemf) en la adjudicación de once contratos para la organización del evento.

Los magistrados, en un auto en el que ha sido ponente el magistrado Pedro Castellano, considera que "las indagaciones judiciales tampoco han arrojado luz suficiente para amparar las conjeturas acusatorias (...) Presumir que los creadores de la Fundación la dotaron de la formalidad privada para eludir los controles públicos, no se compadece bien desde un punto de vista lógico con la presunción simultánea de imputar a los autores la intención de abonar en el futuro las deudas con su consiguiente visibilidad", señalan los magistrados de la sección cuarta en un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.

Los magistrados, que coinciden con la titular del Juzgado de Instrucción 5 en señalar que la Fvemf era privada como sostenían las defensas, también consideran que "no se adivina, como argumenta el auto impugnado, ningún propósito delictivo en el acuerdo de creación de la Fundación, ni actuación posterior dirigida a señalar el camino ilícito a los contratistas de la Fundación, respecto de los que no existe ningún indicio de conexión en ese sentido".

Respecto a la aportación a la Fvemf de 2.000.000 de euros por el Consell en el año 2010, en concepto de dotación fundacional, suma destinada de inmediato a abonar las deudas pendientes por los trabajos y servicios contratados en los años 2005 y 2006" a la que habría que añadir en el año 2014 otros 1.306.897 euros con el mismo destino, se consideran por la Audiencia de Valencia "fruto de una decisión política, tanto por razón del sujeto que las concedió (Acuerdos del Pleno del Consell a propuesta de la Conselleria de Economía y Hacienda), como del objeto a que se destinaron (subvenir a los gastos llevados a cabo por la Fundación en la consecución de un bien de interés general)". 

Y concluye que esta "entrega del dinero no fue una decisión personal y privada de ningún investigado revestido de autoridad, ni su destino fue enriquecer injustamente un patrimonio privado sino que se empleó en el abono de los trabajos y servicios realizados para la celebración del evento público, no cabe hablar de gestión desleal alguna sustentadora de los elementos objetivos y subjetivos del delito de malversación de caudales públicos".

En esta causa estaban investigados, entre otros, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el obispo auxiliar Esteban Escudero, o el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos.