El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir a los grupos de PSOE y Unidas Podemos la retirada de la proposición de ley modificaba las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada por el presidente del Gobierno en octubre en medio de fuertes críticas, incluso de inconstitucionalidad, por parte de las asociaciones de jueces y que, por iniciativa de ellas, fue puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

"Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren", ha manifestado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentaba la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y cuyo principal objetivo, ser más eficaz, vinculó directamente con la necesidad de retirar la reforma que tanta suspicacias suscitó.

De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, cuyo "reloj" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció "detener" para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. De esta forma la reforma que sí ha salido adelante es la que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentra en esta situación. Una reforma ha sido estudiada por el gabinete técnico del órgano y en un informe, que será llevado al pleno este jueves, advierte del riesgo de "atrofia" y "paralización" que conlleva.

La modificación legal que ya está vigente también fue examinada por el Ejecutivo comunitario. De hecho, este lunes mantuvieron una reunión Campo y la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, y esta dio su visto bueno, no demasiado entusiasta, a la reforma aprobada que limita los poderes del CGPJ en funciones. Campo no ha admitido directamente que la decisión de retirar la propuesta de mayor calado, la que permitía elegir a los vocales del turno judicial sin el PP, había sido rechazada por Bruselas, pero sí ha insistido en que ante el “revuelo” existente, el Gobierno prefiere poner el “foco” en lo importante: la eficiencia procesal (impulsada en diciembre), la eficiencia organizativa (lanzada este martes) y la eficiencia digital (que verá la luz en los próximos meses).

Renovación pendiente

En el Poder Judicial calculan que de no producirse la renovación antes de que acabe el año el número de vacantes judiciales en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales alcanzará el medio centenar, ya que no se pueden cubrir ni jubilaciones ni fallecimientos. De ellos, nueve son en el alto tribunal, aunque ninguno en la Sala Segunda, que es la en la única que se cubrieron todas las vacantes y aún no ha habido nuevas, tras las reforma de la ley orgánica del poder judicial realizada.

Es más, el Gobierno espera que ese relevo sea “inmediato”, aunque asume que no será posible antes de las elecciones madrileñas del 4-M. Lo que no está claro es si socialistas y morados renunciarán a que ocupen dos plazas Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, vetados por los populares. Campo, aunque preguntado por ello en varias ocasiones durante la comparecencia, no ha querido precisar. Se ha aferrado a que la renovación es “absolutamente urgente” y a que confía en que “más pronto que tarde” llegará.

Campo "recordó que, “tanto el Gobierno como los partidos que lo sustentan, tienen la responsabilidad y la altura de miras necesaria para priorizar la recuperación y transformación del país”, en lo que enmarcó la retirada de la reforma para añadir que “quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro”, rematando, “el Partido Popular se está quedando sin excusas”.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también se refirió a la falta de renovación del órgano de Gobierno de los jueces y criticó el incumplimiento de la Constitución que ello supone.

Sin embargo, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha asegurado que están abiertos a estudiar otras propuestas para desbloquear la situación del CGPJ, pero que hasta ese momento no darán marcha atrás con la reforma que registraron: “Mientras no tengamos esa alternativa no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa”. En rueda de prensa en el Congreso, el dirigente morado ha pedido que quien “esté en contra” de la propuesta “plantee una mejor”. Desde el Ejecutivo insistían en que la posición gubernamental está "acordada" entre los dos socios, por lo que la lógica llevaría a que sus dos brazos parlamentarios, los grupos de PSOE y Unidas Podemos, retiraran la propuesta de la Cámara baja, lo que facilitaría el entendimiento con el PP.

Pero los populares no parecen por la labor de propiciar el consenso. "Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes", ha señalado Pablo Casado en Twitter, red social en la que ha culpado al PSOE de ser el que "bloquea y degrada las instituciones". Minutos antes el ministro Campo había subrayado que su anteproyecto de ley de eficiencia organizativa dará más margen de maniobra a los jueces y que él mismo ya anunció que se avenía a impulsar modificaciones legales para profundizar en la independencia judicial.