El nieto del dictador, Francis Franco, en una entrevista en el programa Espejo Público, en Antena 3, expresó su "satisfacción" por la resolución de la Audiencia Provincial que tumba las medidas cautelares impuestas por el juzgado de primera instancia y permite la retirada de los bienes muebles dado que, apuntan los jueces, estos no fueron objeto de la acción reivindicatoria del Estado. Francis Franco celebró un auto que les da la razón y que tilda este depósito cautelar de "incautación".

A preguntas de la periodista Susanna Griso, Francis Franco reveló que su propósito y el del resto de sus hermanos es vender la mayor parte del mobiliario, obras de arte y enseres depositados en Meirás. El nieto de Franco evitó dar detalles y no aclaró si entre los bienes que pretenden vender se encuentran las esculturas del Mestre Mateo o la biblioteca de Pardo Bazán, ambas BIC, y los muebles y obras de arte propiedad de la condesa de Pardo Bazán, que fueron vendidos con el pazo en 1938: "Imagino que la mayor parte [de los bienes] los tendremos que vender, si tampoco hay valor, se habla tanto de los tesoros..", apuntó.

Francis Franco avanzó que pedirán una indemnización por la retención de sus bienes desde el pasado diciembre -un derecho que les reconoce la Audiencia-, aunque evitó avanzar que cifra prevén solicitar. Al ser consultado sobre la cuantía, el nieto de Franco se limitó a expresar su pesar por el hecho de que el Estado rechazase su oferta de alquilar temporalmente los bienes muebles hasta que una sentencia firme dirima definitivamente la titularidad del pazo. "Ofrecimos un alquiler por unos cincuenta o sesenta mil euros al año. Estoy hablando de cifra ridículas al lado de lo que dicen que cuesta mantener el pazo y los costes judiciales de todo esto; pero ellos han tirado por la calle de en medio y nos lo han incautado", criticó.

Denuncia a la jefa de Conservación de Patrimonio Nacional

Los Franco han interpuesto una querella contra la Jefa de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por el informe que elaboró sobre la titularidad de varios de los bienes muebles del pazo de Meirás, en los que apuntaba que varios muebles y piezas tenían claramente su origen en las Colecciones Reales Españolas y recomendaba realizar un examen en profundidad de todos los bienes, dado que era "muy posible" que hubiese más de propiedad estatal. "Es un informe de parte, nadie se lo pidió", defendió Francis Franco, que negó que los elementos que detallaba este informe de Patrimonio Nacional fuesen realmente propiedad del Estado.

A raíz de la querella de los Franco, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha abierto una investigación y citará a esta funcionaria el calidad de investigada. La querella de los Franco constituye un nuevo ataque a los inventarios de bienes elaborados por Xunta y Estado. Los nietos del dictador reclamaron hace unos meses su destrucción apelando a su derecho a la intimidad: "Se está posibilitando el conocimiento y la revelación de una información que afecta a la íntima esfera personal y familiar" defendían sus abogados, Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil el pasado noviembre. Los Franco han pedido ahora que se eliminen el inventario de bienes de la Xunta y el informe de Patrimonio Nacional de las actuaciones y que las administraciones demandantes “se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y o revelación. Si la Justicia accede a este petición, contra la que las administraciones pueden alegar, supondría en la práctica destruir el inventario, dado que conllevaría negar su existencia a todos los efectos y no poder hacer uso de los mismos para una demanda reivindicatoria de los bienes muebles ni para incorporar un anexo de bienes al decreto BIC del pazo de Meirás, las dos medidas que las administraciones plantean para intentar evitar el vaciado del pazo de Meirás.

Los Franco alegan en su querella contra la Jefa de Conservación de Patrimonio que nadie pidió el informe. Según consta en el acta de la inspección de la comitiva judicial para realizar el inventario de bienes, en la que se da cuenta de la presencia de esta funcionaria para colaborar en la realización del documento, los abogados de los Franco solo expresaron su oposición a la medida cautelar, sin manifestarse en ningún momento en contra de la presencia de Pilar Benito. El informe que elaboró esta técnica no fue aportado por el Estado, sino incorporado por la Xunta a su inventario de bienes.