El pleno del Tribunal Constitucional estudiará en su próximo pleno del 22 de junio la propuesta del magistrado Pedro González Trevijano de declarar inconstitucional el estado de alarma con el que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el confinamiento domiciliario para combatir el coronavirus. El texto, que propone estimar en parte del recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox contra la restricción de la movilidad adoptada con el estado de alarma, según ha adelantado El Español, solo se convertirá en sentencia si lo apoya la mayoría de los magistrados.

El pronunciamiento del alto tribunal sobre el estado de alarma se esperaba con impaciencia por la judicatura española, incluido el Tribunal Supremo, para tener un referente a la hora de pronunciarse sobre las distintas decisiones del Gobierno y las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia. Su retraso se debe, entre otros motivos, al cambio de ponente a la que obligó la marcha del magistrado Fernando Valdés del Constitucional, al abrirse juicio contra él por violencia machista. Históricamente tampoco ha sido extraño el retraso del alto tribunal en los asuntos más controvertidos, en los que se auguran discrepancias entre sus miembros.

Dos ponentes

González Trevijano sustituyó a Valdés y empezó una nueva redacción. En ella propone anular varios apartados del artículo 7 del decreto del estado de alarma, entre ellos el que mejor lo simboliza: la prohibición de abandonar el domicilio salvo por motivos tasados. Será en el próximo pleno, que coincidirá con el aniversario de la conclusión del estado de alarma que se había decretado el 14 de marzo anterior, cuando el resto de magistrados exponga por primera vez su parecer, tras escuchar los argumentos del ponente a favor de la sentencia que ha preparado.

Como ni siquiera ha habido aún una deliberación informal entre ellos, fuentes del alto tribunal consultadas por este diario tachan la propuesta de mera "especulación", ya que no tendrá valor alguno si queda en minoría. Recientemente se cayó por este motivo la que había preparado Cándido Conde-Pumpido en relación con la sentencia del Supremo por el asedio al Parlament. Al no alcanzar su postura una mayoría suficiente, se retiró del orden del día para redactar una nueva propuesta de resolución acorde con el sentir mayoritario del pleno. Antonio Narváez le sustituyó en la redacción.