Tras meses de duros enfrentamientos entre los dos socios de Gobierno, arduas negociaciones y en medio de la semana en la que se celebra el Orgullo, efeméride que ha ejercido de espada de Damocles para que se llegue un acuerdo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley trans y derechos LGTBI. Cuando la norma llegue al BOE; España se situaría entre los 15 países que reconocen la libre autodeterminación de género, es decir, que se puede cambiar de sexo en el Registro Civil y el DNI con la mera voluntad del interesado, sin dos años de hormonación y un informe médico, como se exige en la actualidad, y sin testigos o medios de prueba sobre la situación “estable de transexualidad”, como en un inicio reclamaba Carmen Calvo.
Hace dos semanas, tal como adelantó este medio, y después de la petición de varios colectivos de que el PSOE no fuera invitado a la manifestación central del Orgullo “por bloquear la ley”, los ministerios de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia Primera llegaron a un acuerdo que supone reconocer de facto la autodeterminación, pero sin mencionar este término en el texto. El pacto implica que la persona ratifique su solicitud ante el Registro Civil en dos ocasiones, con tres meses de diferencia, y que el proceso culmine como máximo a los cuatro meses, pero sin pruebas testificales o documentales. Además, se impide que una persona se pueda cambiar de sexo continuamente, al requerir que pasen seis meses desde el primer cambio y tener que solicitarlo en la jurisdicción voluntaria.
El derecho se reconoce a partir de los 16 años y entre los 14 y los 16 años para los menores asistidos por "sus representantes legales". Entre los 12 y los 14 años se autoriza el cambio de nombre pero la modificación del sexo se debe reclamar ante la jurisdicción voluntaria y los menores de esas edad sólo pueden cambiar de nombre.
La oposición
Si bien, las garantías introducidas siguen sin convencer a un sector del movimiento feminista, que se manifestó el pasado fin de semana en contra de una ley que, a su juicio, “borra” a las mujeres y la discriminación que sufren en base a su sexo biológico. Destacadas feministas, como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, antigua portavoz parlamentaria de igualdad del PSOE, han suscrito un manifiesto en el que reclaman que el “cambio de sexo registral siga siendo una excepción jurídica, justificada por una disforia calificada por profesionales”.
Hace un año, el PSOE se alineó con estas tesis y difundió un documento, firmado por Calvo y José Luis Ábalos, contra la autodeterminación al señalar que “si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y construye en base al hecho biológico”. Ahora, sin embargo, la dirección apoya el texto acordado, gracias también a la labor de empuje realizada por la Secretaría de Movimientos Sociales, liderada por la eurodiputada Mónica Silvana. En un nuevo argumentario, difundido este martes y al que tuvo acceso este diario, el partido subraya que si con Zapatero "España se situó a la vanguardia” gracias al matrimonio gay, con Sánchez se "despatologiza definitivamente el cambio de sexo” y se apuesta por “la igualdad real y efectiva” del colectivo LGTBI, informa Juanma Romero.
Las discriminaciones
Y es que el anteproyecto implica que a las personas trans se las deje de considerar como enfermas, tal como había pedido la OMS, y que se establezcan las herramientas necesarias para que el colectivo, objeto de todo tipo de discriminaciones, pase de la igualdad legal a la real. Para ello, contempla medidas en el ámbito educativo, laboral, de la salud, etc. para tratar de evitar el bullying en los centros educativos o acciones demasiado cotidianas como que no se alquile un piso a una pareja de lesbianas. Para evitar las vejaciones y discriminaciones, el texto incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en los casos más graves, así cómo obligaciones para los poderes públicos.
Al anteproyecto le queda aún un largo recorrido, tiene que someterse al veredicto de los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y después superar el trámite parlamentario. Si bien, una vez desbloqueado el escollo de la autodeterminación, que era la demanda principal de los colectivos trans y la línea roja que había marcado Podemos, la tramitación se prevé más sencilla. Si bien, las entidades lucharán por rebajar la edad para ejercer el derecho a la libre determinación y por la inclusión en el DNI de una tercera casilla para las personas no binarias, algo que ahora se ha dejado fuera de la ley por la falta de consenso.
De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que la negociación "ha sido larga y difícil", aunque ha restado trascendencia al choque con Calvo al poner en valor se dé "un paso de gigante" con un "buen texto legislativo". A su vez, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado el papel "fino y competencial" ejercido por la vicepresidenta, para dar "solidez" a un anteproyecto que sitúa a España "en la vanguardia europea", precisamente en momento de fuerte debate en la UE por la pretensión de Hungría de discriminar al colectivo.
