El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras y a otros 31 ex altos cargos de Cataluña, que se les reclama provisionalmente un total de 5.422.879,48 euros (5.151.156 euros de principal y 271.723,48 de intereses) por los gastos del vinculados a la internacionalización del 'procés' y el referéndum unilateral 1-O.

La cantidad más importante, de 1.392.300 euros, corresponde a un contrato con el lobby anglosajón Indepedent Diplomat, cuyo objetivo era crear un clima favorable al proyecto soberanista. La partida de visitas internacionales, en segundo lugar, asciende a 932.125 euros. En su intervención, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha argumentado la inmunidad de la que goza el 'expresident' y que las acciones en el exterior de la Generalitat están amparadas por el Estatut, mientras que el 'exconseller' Francesc Homs se ha quejado de la filtración del acta a la prensa. El abogado de Artur Mas, Rafael Entrena, ha esgrimido que la acción exterior entra dentro de las competencias del Gobierno catalán y que a su defendido no se le puede imputar todo solo por haber sido presidente.

La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta en base a su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo. En concreto, 2.085.976,19 millones a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Más alta, sin embargo, es la reclamación que pende sobre a Artur Mas: 2.950.980,33 euros; el 'expresident' ya tuvo que hacer frente a un pago de 4,9 millones por el 9-N. Otras cantidades elevadas son las de Francesc Homs (3,1 millones), Raül Romeva (2,2 millones), Andreu Mas-Colell (2,9 millones) y la exinterventora Mireia Vidal (3,3 millones). Una de las personas encausadas, Maryse Olivé, exdelegada del Govern en Francia, falleció en 2017.

Una vez comunicada, la fianza deberá pagarse en un plazo de unos quince días. Si no, se procederá a embargar los bienes de los encausados. De la lista inicial de 41 encausados, han sido eliminados siete, entre ellos los 'exconsellers' Jordi Turull y Neus Munté, a los que al final no se les demanda nada.

Otros de los gastos importantes que figuran en el acta de liquidación provisional son "las actividades de promoción del proceso soberanista, acción y sensibilidad internacional", con 451.487 euros, y las subvenciones del Patronato Cataluña Mundo-Diplocat, por 422.056 euros. También los viajes del presidente y los 'consellers' de la Generalitat, que ascienden a 317.790 euros.

Los auditores también han detectado presuntas "irregularidades y deficiencias" en el cumplimiento de las normas de gestión, como falta de documentación (261.581 euros) y pagos injustificados (151.430 euros), así como anomalías en los desembolsos por servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.564 euros) y en atención protocolaria y representación (32.844 euros). El informe provisional incluye, además, los contratos del personal de las delegaciones catalanas en el exterior (un total de 344.000 euros) y un apartado de "implicación de la sociedad civil catalana", que engloba debates y "observación internacional" (152.578 euros).

Según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, los condenados por el 'procés' ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017.

Embajadas catalanas

Las diligencias se enmarcan en una instrucción sobre el alcance contable de la acción exterior para promover el proceso independentista a través de las llamadas "embajadas catalanas" y la celebración de un referéndum que llevó a cabo el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

 Esta instrucción, que deriva de un informe de fiscalización, estaba pendiente de conclusión y ahora el Tribunal de Cuentas hará un acta de liquidación provisional complementaria a la anterior, para la investigación de los hechos derivados del citado informe que no coincidan con los analizados en la liquidación practicada.